La Federación Nacional de la Prensa Italiana critica la aplicación de la directiva europea anti-SLAPP.
El Consejo de Ministros de Italia aprobó definitivamente el 2 de octubre de 2026 el decreto legislativo que incorpora la directiva europea de 2024 contra las SLAPP, acciones judiciales estratégicas destinadas a frenar la participación pública. La Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI), organización sindical de periodistas, denuncia que el Gobierno ha dejado fuera de las protecciones europeas las demandas mordaza nacionales, limitando su aplicación a los casos con implicaciones transfronterizas.
La FNSI ya había cuestionado esta exclusión en julio, cuando la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra Italia y otros 13 Estados miembros por no aplicar íntegramente la normativa europea.
«El Gobierno italiano ha decidido una vez más no abordar las demandas mordaza. La implementación de la directiva anti-SLAPP puede eximir a Italia del procedimiento de infracción europeo, pero aún así no la sitúa entre los países verdaderamente civilizados», afirma Alessandra Costante, secretaria general de la FNSI.
Costante advierte de que siguen sin resolverse los problemas relacionados con las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), las querellas por difamación y las reclamaciones por daños y perjuicios, que constituyen una de las principales amenazas a la libertad de información.
«Las demandas de mordaza nacionales representan el 90 % del total, y casi todas son desestimadas, pero tienen el efecto colateral de ralentizar las investigaciones e intimidar a los periodistas», señala.
La secretaria general de la FNSI considera que la falta de medidas para proteger la libertad de información supone un grave retroceso democrático. «Un país que no aborda la libertad de información es un país que ha perdido el rumbo hacia la democracia», afirma.
En los últimos meses, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, había recomendado a los Estados miembros que desarrollaran legislación nacional contra las demandas frívolas, en el marco de la aplicación de la directiva anti-SLAPP, que no contempla los procedimientos exclusivamente nacionales.
«En Italia, llevamos más de 20 años persiguiendo este objetivo y, lamentablemente, debemos señalar que ninguno de los gobiernos anteriores, de ningún color o tipo, ha querido abordar este asunto, una cuestión de civismo», declara Costante.
La responsable sindical insiste en que, además de respetar el artículo 21 de la Constitución italiana y honrar la memoria de los periodistas asesinados, es necesario proteger a quienes continúan ejerciendo la profesión. Por ello, reclama una ley que los proteja de las demandas mordaza, un contrato laboral acorde con los tiempos, el respeto de sus derechos laborales y una remuneración justa para los colaboradores y trabajadores autónomos.
«En este caso también, el Gobierno ha estado lleno de palabras, pero ha actuado muy poco», concluye.
Por su parte, la asociación de prensa Stampa Romana ha criticado la actuación del Gobierno italiano con el comunicado «El Gobierno actúa tarde y mal». La organización denuncia que, después de seis meses de espera, la aplicación de la directiva deja sin protección al 90 % de los casos reales, una situación que perjudica especialmente al periodismo de investigación y a los profesionales autónomos.
Stampa Romana también ha expresado su solidaridad con Antonella Napoli, después de que Alfredo Mantovano, subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, anunciara que presentaría una denuncia contra ella por un artículo publicado en L’Espresso sobre la muerte del embajador Attanasio.
Para más información, consultar la noticia original de la FNSI aquí.
