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La Fiscalía ha rebajado de forma considerable la pena solicitada para el fotoperiodista Albert Garcia

Lo hace ante la inconsistencia de las pruebas aportadas por los denunciantes y las pruebas documentales que han demostrado la falsedad de las acusaciones policiales.

En el juicio que se ha celebrado ayer por la mañana en la Ciutat de la Justicia de Barceloan, la Fiscalía ha rebajado considerablemente las penas que pedía para el fotoperiodista Albert Garcia. Así ha sido, básicamente, por la inconsistencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía a partir del relato policial de los hechos en el momento de la detención del compañero y por las pruebas documentales aportadas por la defensa que han demostrado la falsedad de estas acusaciones y las contradicciones producidas a lo largo de la vista.

El ministerio público ha retirado la petición de prisión para Albert, pero ha rebajado la petición de multa casi a la cuarta parte; aunque mantiene la imputación del delito de resistencia y lesiones leves. La defensa, ejercida por la abogada Marisa Díaz, ha alegado que no ha habido ninguna resistencia ni hay pruebas de ninguna agresión por parte del fotoperiodista . Además, ha afirmado durante la vista, “no es aceptable que exista una coacción que les impida hacer su trabajo (a los periodista) con la advertencia de que pueden ser objete de un proceso penal. Capturar una imagen no es delito, dar información a los ciudadanos no es delito”.

Un buen número de profesionales del periodismo esperaba a Albert a su llegada a la Ciutat de la Justicia para mostrarle su apoyo y para expresar su rechazo a la causa a la cual se ha debido enfrentar. Esta era la segunda concentración que varias entidades periodísticas han convocado para protestar no sólo contra este juicio sino también por la creciente persecución de los cuerpos policiales hacia el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la información.

La primera fue el 7 de octubre pasado, ante la Delegación del gobierno español en Cataluña, para reclamar, además, que la Fiscalía retirara las acusaciones contra Albert. En esta movilización se entregó el manifiesto “Amenaza de prisión para fotografiar una acción policial”, en el cual se denunciaba el montaje policial en que se basaba la causa abierta contra el compañero.

El manifesto fue impulsado por: Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), Comité de empresa de El País, Comité de redacció de El País, Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB), Federación de Asociaciones de Informadores Gráficos (FAIG), Federación Europea de Periodistes (FEP), Federación Internacional de Periodistes (FIP), Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Sindicat de la Imatge–UPIFC, y Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC).

Se han adherido al mismo: Agrupación de Periodistas de la Unión General de Trabajadores (UGT), Ajuntament de Barcelona. Regidoria de Drets de Ciutadania i Participació, Colectivo de trabajadores de la Radio Televisión Municipal Motril, Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), els comitè d’empresa de l’Agència EFE, l’Ara, Betevé, Catalunya Ràdio, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, PuntAvui, i TV3; els comitès de redacció d’El Periódico de Catalunya i de La Vanguardia, Comunicadores Feministes, Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE),  Intersindical IAC, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, Plataforma per la Llibertat d’Informació (PLI), Reporters Sense Fronteres (RSF), Representació sindical a Doñana Comunicación, Secció sindical de l’SPA a RTVA, Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), Sindicato de Profesionales de la Información de la Rioja (SPIR), Unió de Periodistes Valencians (UPV), Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) i Universitat Rovira i Virgili (URV). Departament d’Estudis de Comunicació.

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