La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación Europea de Periodistas (FEP) -organizaciones a las que pertenece la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)- han condenado la agresión que ha sufrido el fotoperiodista Jordi Borrás, de «El Món», el lunes 16 de julio. Cuando caminaba por una calle de Barcelona, un hombre que después se identificó como agente del Cuerpo Nacional de Policía se le acercó y, al grito de «viva Franco» y «viva España» le propinó varios puñetazos en la cara, que le produjeron rotura de la nariz y varias contusiones.
La FIP y la FEP han indicado, en un comunicado, que esta agresión «supone un intento intolerable de intimidación y coacción a un periodista por hacer su trabajo. Estos hechos son especialmente graves porque la agresión fue cometida por un agente de la policía, es decir, por quien tiene entre sus deberes proteger el derecho constitucional a la libre información».
Las dos organizaciones internacionales de periodistas indican que el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape), Nemesio Rodríguez, ha afirmado: “La agresión supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo, pilares fundamentales de los sistemas democráticos. Instamos a la Jefatura de Policía a que abra una investigación urgente y depure las responsabilidades que correspondan por este ataque a un fotoperiodista”.
El comunicado de FIP y FEP también recoge la opinión del secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, quien ha declarado que la Federación de Sindicatos de Periodistas «pide que se esclarezca lo ocurrido y, en su caso, se adopten las medidas disciplinarias que correspondan, porque los policías deben respetar el trabajo que realizan los profesionales de la información al servicio de un derecho constitucional de la ciudadanía y no ponerles obstáculos ni, mucho menos, agredirles”.
Desde la Agrupación de Periodistas de CCOO también han condenado la agresión y ha reiterado la necesidad de que los periodistas españoles puedan ejercer su labor informativa con las garantías y seguridad propias de un Estado de Derecho, que reconoce el derecho a la información como uno de sus principios constitucionales
