El pasado 7 de abril, el gobierno brasileño estableció un protocolo que establece la protección inmediata para las víctimas, y fortalece la lucha contra la impunidad.
El pasado 7 de abril, el gobierno brasileño estableció un protocolo nacional específico para investigar los delitos contra periodistas y comunicadores/as. Integrado al Sistema Único de Seguridad Pública, establece la protección inmediata para las víctimas, organiza procedimientos de investigación y fortalece la cooperación entre instituciones para combatir la impunidad. También se enmarca en el Observatorio de la Violencia contra Periodistas y Comunicadores y crea una norma nacional de actuación centrada en la prevención, la investigación y la rendición de cuentas de los delitos cometidos en el ejercicio de la actividad periodística.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) celebra la formalización de este instrumento fundamental para proteger el trabajo de la prensa. Firmado en el marco del Día del Periodista, representa un hito en la lucha contra la impunidad y es el resultado de más de una década de trabajo de la Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ).
Brasil, en la vangurdia internacional
La FIP destaca que «este avance sitúa a Brasil en la vanguardia internacional en materia de mecanismos de protección y se pone en sintonía con los criterios propuestos por la FIP ante las Naciones Unidas para la creación de una convención que proteja a los y las periodistas a nivel mundial.
La presidenta de la FENAJ, Samira de Castro, destacó la importancia de esta conquista calificándola como «un hito sin precedentes» ya que «por primera vez, el país ha establecido un protocolo oficial con directrices estandarizadas para la investigación de delitos contra periodistas». Y recordó que “no surgió de la nada” sino que es “el resultado de más de una década de activismo político, recopilación de datos y presión institucional por parte de la FENAJ y otras organizaciones». La dirigente añade que «nuestros informes anuales contribuyeron a demostrar patrones de violencia y deficiencias recurrentes en las investigaciones».
No obstante, de Castro aclaró que «el protocolo por sí solo no resuelve el problema» y su eficacia «dependerá de la adhesión de los Estados, la capacitación de la policía, las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, y la presión constante de la sociedad civil. Por lo tanto, seguiremos trabajando en dos frentes: exigiendo su implementación efectiva, especialmente en los territorios más vulnerables, y fortaleciendo la organización del sector para que ningún caso quede impune», concluyó.
La FIP asegura que junto a la FENAJ «seguiremos de cerca la implementación de este protocolo, confiando en que la cooperación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil permita avanzar en mayores garantías y protecciones para el ejercicio del oficio periodístico».
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Crédito imagen: FENAJ
