La Federación de Sindicatos de Periodistas, que agrupa a siete sindicatos profesionales de toda España, lamenta que una vez más se intente hacer creer que un servicio público de radiotelevisión, en este caso el de la recién nacida TV de Aragón, pueda garantizarse a través de una esquelética plantilla de cargos directivos, y una masiva contratación a través de productoras del resto de personal. Y ello porque con este modelo, imperante en diversas RTV locales y especialmente en las RTV públicas de Canarias y Baleares, no se aseguran ni unas condiciones laborales dignas y estables (dada la inexistencia de un convenio del sector radiotelevisivo) ni una situación profesional en sintonía con la misión de servicio público y que cuente con mecanismos de defensa deontológica, inexistentes en el ámbito de la radiotelevisión privada, y no digamos ya de las productoras.
Es paradójico que mientras en diversos parlamentos, empezando por el Congreso y el Senado, se ultiman las leyes de reforma de Entes y Corporaciones como RTVE, la CCRTV o RTVA que van en la línea de reforzar el carácter público e independiente de los medios públicos de comunicación, a través de contratos-programa y de mecanismos de gestión y control que los aleje de las presiones políticas y económicas, en diversas comunidades y localidades se aplique la idea supuestamente moderna de eliminar esas garantías, haciendo desaparecer de un plumazo las condiciones laborales y profesionales sobre las que debe asentarse un modelo de medios públicos tal y como se da en los países de nuestro entorno, que es el modelo europeo.
Por eso llamamos a los responsables políticos de esas comunidades a replantear esas condiciones, y más si contradice las de sus correligionarios políticos de otras latitudes, y a establecer un modelo de servicio público de radiotelevisión acorde con los principios de servicio que debe ofrecer, que no pueden garantizarse, ni en lo laboral ni en lo profesional, a través de una programación externalizada y de unos servicios informativos comandados desde empresas con intereses económicos, mediáticos y quizá políticos que no aseguran una información libre y veraz ni unos contenidos de calidad y de servicio a la sociedad.
