La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) rechaza y condena que la Delegación del Gobierno en Mallorca haya multado con 301 euros a la periodista Mar Cerezález, presidenta del comité de empresa de Central Broadcaster Media (CBM), por haberse concentrado en la calle con sus compañeros como protesta pacífica contra un ERE que va suponer el despido de la mitad de la plantilla de esta productora, subcontratada para elaborar los informativos de IB3, la radiotelevisión autonómica balear.
La concentración fue comunicada a la Delegación del Gobierno, que la prohibió unas horas antes de su inicio alegando que no se cumplían los 10 días de preaviso destablecidos y pese a que se iba a desarrollar en un lugar sin tránsito y sin ocasionar molestias a nadie.
Posteriormente, esa Delegación ha sancionado a Mar Cerezález, que también forma parte de la Junta Ejecutiva del Sindicat de Periodistas de les Illes Balears (SPIB).
Esta sanción es un ataque a la libertad de expresión y al derecho a manifestarse, con el objetivo de amedrentar a los trabajadores. En vez de pedir a los convocantes que resolvieran el defecto formal, la Delegación de Gobierno optó por la «mano dura», actitud que mantiene la delegada del Gobierno en Madrid, quien también ha impuesto numerosas multas a ciudadanos, muchos de ellos totalmente anónimos, por manifestarse en los alrededores del Congreso de los Diputados y en otras zonas.
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP muestra su solidaridad a Mar Cerezález y a todos los trabajadores de IB3-CBM y exige a la Delegación del Gobierno balear que retire esta sanción, propia de un régimen político felizmente superado en España y no de una sociedad democrática como la actual.
Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
