Varios periodistas entre los disidentes condenados a penas de 15 a 25 años de cárcel.
El régimen castrista ha ejecutado a tres miembros de un grupo que secuestró el 2 de abril un remolcador con intención de huir de la isla y ha condenado a un grupo de disidentes, incluidos varios periodistas, a penas que van de los 15 a los 25 años de cárcel por supuestas actividades «antipatrióticas».
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) está en contra de la pena de muerte, no importa el país ni los supuestos delitos a los que se aplique. En el caso del secuestro, los autores han sido detenidos, juzgados, condenados y, tres de ellos, ejecutados en una semana. Sobre los demás han recaído cuatro condenas de cadena perpetua, una de 30 años y otras de 2, 3 y 5 años de prisión. Es imposible separar los permanentes intentos de huir de la isla con la falta de democracia y libertad que impone el Gobierno de Fidel Castro, no obstante rechazar, obviamente, el secuestro o cualquier otro tipo de violencia para lograrlo.
También la falta de libertades es la causa de que ejercerlas sea considerado en Cuba un delito. Setenta y ocho personas, entre ellas un numeroso grupo de periodistas, fueron detenidas en la tercera semana de marzo bajo la acusación de «disidentes». El 4 de abril fueron juzgadas sin suficiente asistencia letrada, y tres días después, condenadas a penas de 15 a 25 años de cárcel; una de ellas, Héctor Palacios, tiene 62 años de edad.
Las acusaciones, concretamente hacia los periodistas Raúl Rivero y Ricardo González, de publicar artículos tergiversadores, de colaborar con Reporteros sin Fronteras (organización a la que se califica como «agencia subversiva») o de mantener contactos con el responsable de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, son propias de un sistema liberticida. Cuando a la disidencia se la castiga con prisión por cuestiones de opinión (en el franquismo supimos muy bien cómo se hacía), se le llama dictadura.
