La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) apoya las manifestaciones convocadas para el sábado 23 de noviembre en todas las capitales de España -en Andalucía, Asturias y Cataluña se celebrarán el domingo-, convocadas por la Cumbre Social para protestar contra los recortes y las medidas adoptadas por el Gobierno que están perjudicando gravemente el Estado del Bienestar.
La Cumbre Social -una plataforma ciudadana de la que forma parte la FeSP, integrada por CCOO, UGT, USO y más de un centenar de organizaciones sociales, profesionales y culturales-, ha difundido un comunicado en el que, entre otras cosas, indica: «Frente a la erosión de nuestro Estado del Bienestar, frente al secuestro de los derechos de la ciudadanía, sólo cabe una respuesta, y masiva. No vale la resignación, ni siquiera el silencio, porque de todo se intenta adueñar el Gobierno cuando apela a ‘las mayorías silenciosas'».
«El Gobierno del PP está utilizando la crisis económica para aplicar una política neoliberal a ultranza», añade la nota, que «antepone el interés privado al interés general, que incrementa las desigualdades y se desentiende de la ciudadanía. Frente a esa situación no cabe la resignación».
En Madrid, la manifestación ha sido convocada conjuntamente por la Cumbre Social y por Mareas Ciudadanas, que ha anulado la convocatoria de su propia manifestación que ya había solicitado oficialmente para sumarse a esta protesta unitaria. También habrá marchas y concentraciones en distintos países de la Unión Europea.
DECLARACIÓN 12 CUMBRE SOCIAL ESTATAL
23N «EN DEFENSA DE LO PÚBLICO, LAS PENSIONES Y LAS PERSONAS»
Frente a la erosión de nuestro Estado de Bienestar, frente al secuestro de los derechos de la ciudadanía, solo cabe una respuesta, y masiva.
No vale la resignación, ni siquiera el silencio, porque de todo se intenta adueñar el Gobierno cuando apela a «las mayorías silenciosas». No queremos un país en negro, donde prevalezca un pensamiento único, el de los poderosos, donde prime el individualismo frente al bien colectivo. Queremos un país de todos y para todos, donde las personas estén en el centro de todas las políticas.
No es cierto, las cosas no van mejor. Pese a los cantos de sirena sobre la incipiente recuperación económica y el insistente mensaje de distintos dirigentes políticos y empresariales, del ámbito nacional e internacional, proclamando que las políticas de austeridad empiezan a dar sus frutos, la ciudadanía no percibe ningún atisbo de mejora sino, al contrario, el estancamiento de la situación.
Se está desmantelando la protección social, los servicios públicos, los derechos de la ciudadanía con políticas neoliberales que pretenden acabar con el estado de bienestar y de derechos que hemos construido. Esas políticas instruidas desde la Unión Europea, y seguidas fielmente por los Gobiernos nacionales, y sobre las que tiene mucha responsabilidad la derecha, están intentando acabar con todo.
La Cumbre Social Estatal, ya acordó el 29 de octubre participar en la jornada de movilizaciones contra la política de recortes, que está generando más paro, más pobreza y más desigualdad, demandando un plan de inversiones a nivel europeo para propiciar un crecimiento sostenible empleos de calidad.
En nuestro país, todavía hay cerca de 6 millones de personas desempleadas, se está precarizando aún más el mercado laboral, sustituyendo empleo indefinido por temporal; se continúa desmantelando el Estado de Bienestar a través de los recortes sociales en sanidad, educación, prestaciones por desempleo, pensiones, servicios sociales, justicia, servicios públicos esenciales; se siguen bajando los salarios mientras aumentan los beneficios empresariales; y se incrementa cada día, de manera alarmante, el número de personas por debajo del umbral de la pobreza.
El Gobierno del PP está utilizando la crisis económica para aplicar una política neoliberal a ultranza que no le es ajena y que además rige el destino de Europa. Una política que antepone el interés privado al interés general, que incrementa las desigualdades y se desentiende de la ciudadanía. Frente a esta situación no cabe la resignación.
El pasado mes de octubre apoyamos distintas movilizaciones en toda España: El 7, coincidiendo con el Día Internacional por el Trabajo Decente; el 17, con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y el 24 de octubre toda la comunidad educativa mostró su rechazo a la ley Wert, secundando la huelga general de Educación y participando en masivas manifestaciones en todo el país.
El Gobierno, refugiado en una mayoría absoluta conseguida con falsas promesas electorales, sigue sin escuchar, sin dialogar, sin querer ver las consecuencias de unas políticas que pretenden quebrar la solidaridad y la igualdad.Los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas para 2014 son más de lo mismo, continúan la línea del recorte del gasto de los últimos años, claramente antisociales y carentes de actuaciones dirigidas a impulsar el crecimiento y el empleo. Escenifican la incapacidad manifiesta del Gobierno para sacarnos del pozo de la crisis y anuncian que el final de la misma para las personas está lejos de llegar.
Pese a un descomunal plan de salvamento de las entidades bancarias privadas con dinero público, la situación del sobre-endeudamiento del sistema financiero español no está solucionada. Ello ha llevado a la banca privada al borde de la quiebra técnica, ha obligado a un rescate financiero avalado por el estado y está poniendo en peligro cualquier salida social de una crisis en la que dicha banca tiene una responsabilidad indudable, por la que debería ser enjuiciada penal y socialmente.
La reforma de la Administración Local supondrá la pérdida de puestos de trabajo y la eliminación de servicios públicos próximos al ciudadano. Una reforma que una vez más se ha hecho sin diálogo social, sin criterios de racionalidad, con una clara intención privatizadora y que choca con el propio sistema democrático. Es claramente antisocial, erosiona el Estado de Bienestar, vulnera el principio de igualdad de oportunidades, destruye empleo público y deteriora sus condiciones laborales.
Otro ejemplo de esta política contra los derechos laborales y sociales es la reforma de pensiones, que el Gobierno de Rajoy quiere imponer de manera unilateral y que rompe la última promesa electoral del programa con el que accedió al poder. Esta reforma merma el poder adquisitivo de los pensionistas presentes y futuros y cuenta con el rechazo unánime de todos los grupos parlamentarios y de los interlocutores sociales.
Hemos pedido la retirada de esta reforma de pensiones porque es innecesaria, injusta y solo responde a los intereses de los grupos económicos y financieros, y también la retirada de la reforma de la Administración Local porque recortando derechos y servicios públicos se está atentando contra la inmensa mayoría de la sociedad y la calidad de la democracia.
Denunciamos, asimismo, la contrarreforma que a golpe de decreto está realizando este gobierno para constreñir la democracia y los derechos de la ciudadanía (jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas dependientes, y un largo etc.), e instalarse en la represión, y la deriva autoritaria de criminalización de la protesta social tal y como recoge el proyecto de ley, actuando contra el derecho de manifestación, amordazando las televisiones públicas e insistiendo en la pérdida de derechos de colectivos, como los inmigrantes, que les ha sumido en una situación de extrema vulnerabilidad.
El próximo día 23 de noviembre, en el marco de movilizaciones en el ámbito europeo, nos manifestamos por nuestros derechos, en defensa de lo público, de las pensiones, de las personas. Saldremos a la calle para exigir otra política, porque hay alternativas para una salida más justa de la crisis.
EMPLEA TU FUERZA, DEFIENDE TUS DERECHOS. NO DEJES QUE TE LOS ARREBATEN. VAMOS A CAMBIAR LAS COSAS. DEFENDAMOS LO PÚBLICO
