Ayer por la mañana, la Federación Europea de Periodistas (FEP) a la que pertenece la FeSP; ClientEarth, European Environmental Bureau; Friends of the Earth Europe; y Corporate European Observatory han presentado de forma conjunta un reclamo ante la oficina de la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, con relación a la mala gestión, por parte de la Comisión Europea, de la demanda de las mismas organizaciones para acceder a los documentos relativos a la negociación del Tratado Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en ingles).
La nota de los demandante se congratula de que el Ombudsman europeo, ya haya iniciado, por propia iniciativa, investigaciones referentes a la falta de transparencia en las negociaciones del TTIP.
En su queja, las organizaciones demandantes detallan las razones de su queja, como que la transparencia en este tema no es un fin en sí misma; ya que el acceso a los documentos de los acuerdos sobre comercio e inversión que se están tratando son trascendentales para la población europea, a la que están dirigidos.
Por lo mismo, entienden los demandantes que es necesario que se satisfaga el principio de participación pública en las decisiones de la CE y señalan que “la falta de acceso directo a esa información afecta a la capacidad de participar en esas decisiones”.
Asimismo, le señalan al Ombudsman que el derecho de acceder a esos documentos esta respaldado por la misma Comisión Europea, que reiteradamente ha manifestado su compromiso de transparencia al respeto y le recuerda que ante anteriores demandas en el mismo sentido, incluso del propio Ombudsman, ha reconocido que el acceso a los mismos no es sólo legítimo sino también indicio de una buena política hacia la ciudadanía europea. Sin embargo, se le señala, se desconoce el contenido de muchos de los documentos que se están elaborando.
Asimismo, se recuerda el hecho de que algunos de los acuerdos que se puedan alcanzar dentro del TTIP tratan aspectos ambientales, lo que aumenta la necesidad de una amplia transparencia respecto a las negociaciones.
Las organizaciones exigen una respuesta a sus demandas en un máximo de quince días y consideran que ya han agotado todas las instancias no judiciales para hacer valer sus derechos de acceso a esa información.
En caso contrario estudiarán la oportunidad de iniciar nuevas demandas oficiales para que se cumpla el compromiso asumido la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, de una negociación transparente.
La comisaria Malmström, ha admitido el pasado 13 de enero que existe un «enorme escepticismo» en la opinión pública europea por uno de los elementos claves del acuerdo, que es la creación de un mecanismo de resolución de disputas entre inversores privados y Estados, lo que puede limitar la soberanía de los pueblos al restar la capacidad de los Gobiernos de legislar en beneficio del interés público.
