Las organizaciones que integran la Cumbre Social de Madrid, entre las cuales se halla la FeSP a través del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), con el siguiente comunicado ha salido al paso de las intervenciones policiales de los pasados 25, 26 y 29 de septiembre -respecto de los cuales se ha manifestado ayer nuestra federación- y de las manifestaciones al respecto de distintos responsables del Gobierno.
La Cumbre Social expresa:
“1.- Nuestro más absoluto rechazo a la estrategia del Gobierno, expresada a través de su delegación en Madrid y del Ministerio del Interior, consistente en descalificar y desprestigiar ante la opinión pública las manifestaciones de rechazo a las políticas antisociales promovidas por el Ejecutivo convirtiéndolas en un problema de orden público.
2.- La denuncia de las órdenes dadas a las fuerzas de seguridad que generaron unas intervenciones de inusitada agresividad, una tensión del todo innecesaria y dieron una imagen de manifestación violenta cuando se trataba de una convocatoria pacífica.
3.- En consecuencia exigimos que se depuren responsabilidades políticas que, en todo caso, deben suponer la dimisión o destitución de la Delegada del Gobierno y que los procesos judiciales en curso como consecuencia de los incidentes que pudieran haberse producido en el transcurso de las manifestaciones se reconduzcan y adecuen a los hechos ocurridos que, en ningún caso, pueden ser calificados como de atentado contra las instituciones del Estado.
4.- Por último, las organizaciones de la Cumbre Social queremos expresar nuestra profunda preocupación ante la deriva autoritaria que está adoptando el Gobierno. La represión de las manifestaciones debe ponerse en relación con la actitud arrogante y prepotente que se adopta desde los máximos responsables políticos del Ejecutivo, con la ausencia de diálogo social y político, con el ocultismo con el que se abordan temas fundamentales para el país como es el posible rescate de la economía española, con los intentos de manipulación de la opinión pública, etc. Todo ello está suponiendo una involución en nuestro sistema de derechos y libertades que amenaza con poner en riesgo las reglas de convivencia de las que nos dotamos en el inicio de la transición política.”
