El dictamen del Consejo Económico y Social de España (CES) sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que abre la puerta a la entrada de capital privado en la gestión de las televisiones autonómicas y en sus servicios informativos, pide a las Cortes que aclaren si esta normativa sería de aplicación a RTVE y muestra su preocupación por los efectos que puede tener la norma en los empleos de las televisiones autonómicas.
El dictamen, aprobado por el pleno del CES, recuerda que la Ley General de Comunicación Audiovisual es «una ley de bases» del sector audiovisual, por lo que pide al «legislador» que «aclare si esta normativa sería de aplicación a la radiotelevisión pública de titularidad del Estado».
Además, el CES muestra su «preocupación por la incidencia que una modificación de esta naturaleza pudiera tener sobre quienes desarrollan su trabajo en los distintos operadores públicos potencialmente afectados», como son los trabajadores de las televisiones públicas autonómicas, aún reconociendo que «los efectos de la modificación propuesta sólo se producirán cuando las Comunidades Autónomas hayan decidido adoptar las fórmulas de colaboración previstas en el anteproyecto».
Además, el CES señala que, al permitir la entrada a productoras privadas que gestionen canales públicos y darse, por tanto, la posibilidad de «disociar» la figura del titular y el prestador del servicio público, que actualmente es el mismo, «se abre la duda» de si, estas empresas privadas estarán obligadas, como lo están ahora los responsables de las cadenas públicas, a guiarse por criterios editoriales que reflejen el «pluralismo político y social de su ámbito de cobertura».
En general, el dictamen recoge la importancia de «en estos momentos de crisis, activar instrumentos que contribuyan al uso eficiente de los recursos públicos a la vez que se preserva la calidad y utilidad pública de los servicios».
Descarga el dictamen:
