Decenas de organizaciones reiteran al Gobiero maltés que lleven ante la justicia a todos los responsables de su asesinato.
En el sexto aniversario del asesinato de la periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia, nosotros, decenas de organizaciones, entre ellas la FEP a la que pertenece la FeSP, renovamos nuestros llamamientos a las autoridades maltesas para que lleven ante la justicia a todos los responsables de su asesinato y apliquen plenamente las recomendaciones de la investigación pública sobre ella. Asesinato.
En su informe de 2021, la investigación pública concluyó que el Estado tenía que “asumir la responsabilidad” por el asesinato de Caruana Galizia porque había creado una “ atmósfera de impunidad ” y no había tomado medidas razonables para protegerla. Consideró que el asesinato de la periodista era predecible y evitable debido al colapso del Estado de derecho en Malta y formuló recomendaciones detalladas a las autoridades, incluida la creación de un entorno más seguro para los periodistas.
Durante los últimos dos años, nuestras organizaciones han llamado repetidamente la atención sobre la falta de progreso en la implementación de las recomendaciones de la investigación pública para salvaguardar a los medios y mejorar la seguridad de los periodistas.
La Fundación Daphne Caruana Galizia también ha denunciado repetidamente el fracaso de las autoridades maltesas a la hora de abordar la corrupción y el abuso de poder expuestos por Caruana Galizia y otros periodistas de investigación, que aún contribuyen a un ambiente de inseguridad que pone a los periodistas en riesgo.
Una vez más, pedimos el fortalecimiento de tres proyectos de ley destinados a mejorar la seguridad de los medios para cumplir con los estándares internacionales sobre la protección de periodistas , incluida la diluida legislación anti-SLAPP del gobierno .
Las autoridades maltesas deberían conmemorar el sexto aniversario de la muerte de Caruana Galizia haciendo declaraciones inequívocas en apoyo de una justicia plena por su asesinato, comprometiéndose a implementar las recomendaciones de la investigación pública y garantizando una consulta transparente sobre la legislación pendiente con la participación de expertos de los medios internacionales y la sociedad civil.
