El Consejo de Ministros ha aprobado esta tarde la polémica Ley de Seguridad Ciudadana, elaborada por el Ministerio del Interior y defendida por su titular Jorge Fernández.
Aunque suavizada en algunos aspectos del borrador inicial como la rebaja en un tercio de las infracciones muy graves, castigadas con multas de 30.000 a 600.000 euros. Sin embargo, ha mantenido el redactado respecto a la captación de imágenes que afecta gravemente la libertad de información de la ciudadanía.
En el apartado de infracciones leves, que serán sancionadas con multas de entre cien y mil euros, incluye que el uso de imágenes o datos de policías será infracción si pueden poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, las instalaciones protegidas o el éxito de una operación. Algo de difícil definición en el momento de captar esas imágenes; además de no valorar el caracter informativo que puedan tener esas imágenes. Lo que en muchos casos los jueces han primado sobre el derecho a la privacidad.
Coincidencia o no, esto sobreviene cuando distintos jueces han aceptado la plena validez de registros realizados por fotógrafos y cámaras para desestimar las acusaciones presentadas por miembros de las fuerzas de seguridad.
Casos en los que, sin esas imágenes, se hubiera inculpado a inocentes en base a la mera denuncia policial. Uno de los jueces, en su sentencia, remarcaba que “no existe la prohibición de filmar en el espacio público”.
Nuevatribuna.es publica que “El coportavoz federal de Izquierda Abierta y diputado de Izquierda Unida por Asturias, Gaspar Llamazares, hace un llamamiento a “la insurrección democrática y la desobediencia civil como exigencias ante el ataque frontal contra nuestras libertades y derechos que supone la aprobación del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana”.
Según Llamazares, este proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros, está “absolutamente injustificado dado el bajísimo nivel de incidentes actual, a pesar del lógico aumento de la conflictividad social derivada de la dramática situación económica de millones de españoles”, y sólo busca, en su opinión, “definir a la carta la fórmula legal de reprimir nuevas formas de protesta ciudadana y criminalizar nuestros legítimos derechos de manifestación, información, reunión, circulación, huelga y hasta de expresión”.
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