Unidos Podemos ha pedido que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que, en el plazo máximo de seis meses, habilite el dominio público radioeléctrico solicitado por las comunidades autónomas para que éstas puedan conceder licencias de emisión a las radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro.
El portavoz de IU en el Congreso, Alberto Garzón, y los diputados de esta formación Ricardo Sixto y Yolanda Díaz -integrados en el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem, En Marea- han presentado una proposición no de ley con esa petición, para que sea debatida en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso.
La Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobada el marzo de 2010, creó los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro por ondas terrestres, destinados a «atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo».
Esa norma establece que la Administración General del Estado debe habilitar el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de este servicio, pero han transcurrido 10 años y esa disposición legal no se ha cumplido: el Gobierno no ha planificado ninguna frecuencia ni ha aprobado la normativa necesaria. La ley también prevé que el Gobierno tenía un año de plazo, desde su entrada en vigor, para aprobar en un reglamento el procedimiento y la concesión de esas licencias, pero tampoco lo ha hecho.
Las comunidades autónomas han solicitado en numerosas ocasiones que se planifique el espacio radioeléctrico necesario para conceder las licencias, pero no pueden otorgarlas porque no ha sido aprobado el reglamento. «La inacción por parte del Gobierno impide a las comunidades autónomas el desarrollo de sus competencias y supone una restricción a la libertad de expresión al impedir la creación de estos nuevos medios de comunicación», indican los diputados de UP en su propuesta.
Ante este incumplimiento por parte del Gobierno, las comunidades autónomas no ha concedido las licencias solicitada. Además, varias emisoras comunitarias han recibido apercibimientos de sanción si no cesaban sus emisiones, con multas desproporcionadas de hasta 500.0001 euros en algún caso, y varias han sido sancionadas.
