El Tribunal Constitucional italiano dice que la reforma es necesaria, y que el Parlamento debe introducirla en la legislación para un necesario “equilibrio « entre la libertad de expresión y la protección de la reputación de las personas.
El pasado 9 de junio, el Tribunal Constitucional italiano celebró una audiencia pública, que había desperado gran interés, sobre la legitimidad constitucional del artículo 595 del código penal y del artículo 13 de la ley de prensa, dadas los choques de la aplicación de ambas con su actual redactado, permitía el ingreso en prisión de periodistas si eran condenados por el delito de difamación pública.
El Tribunal ha dictaminado que la reforma e necesaria, pero que es responsabilidad del Parlamento de la República introducirla en la legislación para que se produzca una necesaria «operación de complejo equilibrio « entre la libertad de expresión y la protección de la reputación de las personas. Asimismo, ha señalado que la “reconfiguración de este equilibrio” es imprescindible para que el código penal italiano esté en línea con las normas europeas de derechos humanos y la protección adecuada de los medios de comunicación.
A la espera de la decisión legislativa, el Tribunal ha pospuesto su decisión por un año, estipulando que si el Parlamento no ha aprobado legislación para enmendar la ley antes del 22 de junio de 2021, entonces será la Corte la que abolirá las penas de prisión. Varios proyectos de ley diferentes están actualmente bajo la consideración en el Senado italiano.
Mientras tanto, el Tribunal ha suspendido de forma temporal las penas de prisión aplicadas periodistas condenados por difamación. Esto se aplica tanto a los procesos penales en curso como a todos los casos pendientes.
Las organizaciones de Media Freedom Rapid Response (MFRR), entre ellas la Federación Europea de Periodistas (EFJ), a la que pertenece la FeSP, “acogen con beneplácito la decisión del Tribunal Constitucional italiano de remitir al Parlamento italiano una decisión sobre la abolición de las penas de prisión por difamación penal en relación con periodistas y trabajadores de los medios. Este fallo demuestra la clara necesidad de reformar el código penal de Italia de acuerdo con las normas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.”
