Una iniciativa parlamentaria presentada por el diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares, propone que el Gobierno español responda de la malversación de recursos públicos que se producen cuando algún alto cargo de la administración los utiliza para acosar judicialmente a ciudadanos u organizaciones que les han molestado con sus críticas o expresiones. Esta situación de comprobado acoso, según el diputado, la han sufrido periodistas, asociaciones, ONG o sindicatos por el mero hecho de expresar su disidencia.
Para fundamentar su iniciativa, Gaspar Llamazares ha aportado una serie de casos de este tipo y, entre ellos, el del presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que con la firma del subdirector general de lo Contencioso de la CAM, Roberto Pérez Sánchez, demandó el 2 de abril de 2009 ante el Tribunal de primera instancia de los de Madrid 600.000 euros a varios periodistas del diario “Público”, por una supuesta campaña de difamación, desprestigio y acoso del periódico contra él,
Con estos argumentos, el diputado de IU formula las siguientes preguntas:
“¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para evitar que cargos públicos o funcionarios puedan seguir utilizando impunemente a las Instituciones y a sus Servicios jurídicos, a cargo del erario público, para defender intereses personales?
¿Por qué en estos casos, si la sentencia es favorable al cargo público o funcionario denunciante, es éste quien cobra lo asignado por el Juez, y no la institución a quien dice representar en la denuncia?
¿Piensa el Gobierno encomendar al Fiscal General del Estado una investigación en este ámbito, para dilucidar si no estamos ante casos de malversación de caudales públicos y una instrumentación espuria de los servicios jurídicos de la Administración pública en beneficio de intereses particulares?”
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