La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso interpuesto por el productor Pedro Jesús Fernández González y revoca una sentencia anterior que desestimaba el recurso presentado por el demandante contra el acuerdo de la junta general de accionistas de la Sociedad Municipal de Comunicación e Imagen (Somucisa), que gestiona la radiotelevisión municipal Onda Jaén, que en febrero de 2004 había rescindido el contrato con su productora.
La sentencia del TSJA establece que el Ayuntamiento de Jaén deberá pagar a Pedro Jesús Fernández una indemnización de 300.000 euros más los intereses acumulados desde su despido, una cantidad que suma casi medio millón de euros. La sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, no impone condena en costas.
El recurso presentado por este fue por impago de la indemnización pactada. Y es que, la cláusula decimotercera del contrato “blindado” firmado entonces por los responsables municipales de Onda Jaén contemplaba una indemnización de 300.000 euros si se rescindía por reajuste de programación u otros motivos.
Somucisa motivó la rescisión del contrato, entre otras cosas, en su disconformidad con las expresiones insultantes utilizadas por el productor y locutor en sus programas.
El TSJA entiende que estas «podrían ser calificadas de mal gusto», pero que ha existido el propósito de crítica política que «excluye el ilícito penal, pudiéndose hablar de un ‘ius criticandi’ (ánimo de criticar) y no de ‘animus iniurandi’ (ánimo de injuriar)» y que estos «excesos» verbales «están amparados en la libertad de expresión o de información, pues parecen como una forma de reforzar la crítica».
La productora de Fernández fue contratada en abril de 2002, un año antes de las municipales de 2003 y por diez años. El presidente de Somucisa era entonces el concejal Miguel Segovia, y el alcalde, Miguel Sánchez de Alcázar, quien justificó el blindaje como algo habitual. El nivel de crispación que se produjo en Onda Jaén, en vísperas de las elecciones municipales de 2003, provocó un escándalo sin precedentes.
El PSOE, lamenta que sea el erario público el que tengan que afrontar esta indemnización. Y acusan a un ex presidente del PP local de facilitar ese blindaje contractual.
Lo único inequívoco es que los ciudadanos, una vez más, deberán pagar por la mala gestión de un medio utilizado al servicio de los políticos de turno y que estamos ante una nueva y lamentable contribución al descrédito de un medio público del cual no son responsables sus trabajadores.
