El PSPV ha pedido que se revoque el decreto de la Diputación de Valencia, del 6 de noviembre pasado e impulsada por su presidente Alfonso Rus, por el que se aprobaba el «expediente de contratación de los servicios de comunicación audiovisual televisiva».
Los argumentos para la revocatoria son que “la diputación no tiene competencias para poner en marcha una televisión” y la «inexistencia de crédito» presupuestario. además de una amplia colección de críticas políticas, una amenaza de interferencia legal.
La iniciativa impulsada por Alfonso Rus está presupuestada, de momento, en 3,2 millones de euros y la rejilla de programas debería adjudicarse el próximo 18 de diciembre, según el calendario establecido por la corporación que preside Alfonso Rus. Se han presentado dos propuestas, el 100% de los aspirantes que se ajustaban al pliego de condiciones: Beovisión, la empresa que ha arrendado la licencia autonómica a Las Provincias, con el vistobueno del Consell, y Mediterráneo TV, adjudicataria de la otra TDT autonómica. Las emisiones arrancarán con el nuevo año. El adjudicatario tiene dos semanas para preparar la rejilla; lo que sería un verdadero milagro, salvo que ya hayan empezado las pruebas.
Como se recordará el Consell de Alberto Fabra cerró Canal 9, a finales de noviembre de 2013, al entender prescindibles los servicios de radio y televisión, y por considerarla inviable tras anular el TSJ el ERE que afectaba a un millar de empleados.
