En un comunicado el Sindicat de Periodistas de les Illes BAlears (SPIB) advierte que “IB3 podrá ser privatizada cuando lo quiera el Gobierno de turno si se aprueba en el Parlamento el proyecto de Ley Audiovisual de las Islas Baleares en los mismos términos que ya ha aprobado el Consejo de Gobierno.
La Ley Audiovisual tiene que ser una norma que dinamice el sector pero también es una norma que acaba de golpe con el interés general de un medio de comunicación público.
Ya hemos denunciado desde aquí más de una vez que tendremos una radio y una televisión autonómicas gestionadas por intereses privados y partidistas, pagados con dinero público y donde el Gobierno de turno se lavará las manos si hay denuncias de censura, de malas prácticas, de enchufismo o EREs aprobados con argumentos inexistentes. Y todo esto con cobertura legal.
Dirán que no es cosa suya, que despiden las empresas, que se han adaptado a la normativa estatal, pero seguirán dando órdenes y poniendo y quitando noticias de la escaleta. Y quien sufrirá todo esto serán los trabajadores, la profesión periodística y, especialmente, los ciudadanos que tenemos el derecho constitucional a una información veraz y rigurosa.
El Gobierno dice que esta ley tiene el visto bueno del sector audiovisual. Pero lo que no dice es que el consejero de Presidencia se reunió con una parte del sector, no con todo, y no convocó a Mesa Audiovisual que sí sería el órgano consultor en este caso y del cual forma parte el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares.
Sabemos que el consejero de Presidencia no quiso sacar del proyecto de ley la disposición adicional que modifica la ley de IB3 a pesar de habérselo pedido en aquella reunión “el sector audiovisual” presente, que quería una la ley aprobada por unanimidad. ¿Por qué esta obstinación?
¿Cuál es el modelo de radio y televisión públicas que quiere el Gobierno? El consejero ha dicho públicamente que descarta la privatización, que el modelo vigente es el que se mantendrá, pero lo cierto es que la ley Audiovisual permite bastantes más supuestos.
Por otro lado, la ley regula qué pasa en caso de que el Parlamento no se ponga de acuerdo en la aprobación del director general del Ente, como ya ha pasado esta legislatura donde el mismo consejero de Presidencia ha ejercido -sin ninguna vergüenza- el cargo de director general de la radio y la televisión públicas. Pues sus funciones “tienen que ser asumidas de manera transitoria por el miembro que sea escogido por el Consejo de Dirección del Ente entre sus componentes por mayoría simple”.
El papel del Parlamento queda relegado a segundo plano incumpliendo así el artículo 91.3 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares que dice que “el director general o el máximo órgano de dirección, responsable de la gestión de los medios de comunicación audiovisual de titularidad pública en las Islas Baleares, será elegido por los miembros electos de las instituciones representativas correspondientes a su ámbito territorial”.
Desde el SPIB defendemos que los diputados tienen la obligación y la responsabilidad de llegar a este consenso y la ley les tiene que dar todas las facilidades para conseguirlo.
La ley Audiovisual quiere impulsar el sector pero lo hace a costa de un modelo nefasto de radio-televisión pública.»
