El control de los contenidos televisivos en España estaba previsto por al Ley General Audiovisual, de 2010, ley que debía asumirlo el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Cema).
Este nunca llegó a funcionar por decisión del actual Gobierno que derivo esas funciones a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).
Pues bien, el organismo que preside Jose María Marín Quemada ha abierto una licitación para contratar a una empresa que, entre otras cosas, le suministre informes de «evaluación de los contenidos emitidos por la Corporación RTVE».
Esto incluye «datos sobre porcentajes de producción propia o ajena de los programas, sobre la defensa y difusión de valores constitucionales, o sobre la independencia, pluralismo, neutralidad, imparcialidad o rigor de los servicios informativos», tal y como se recoge en las bases del contrato para externalizar el control y el seguimiento de los contenidos audiovisuales de las cadenas de televisión.
Así también como la labor de control del «pluralismo y neutralidad» de los telediarios, ya qu, forma parte de la obligación de este superregulador «evaluar que RTVE cumple los requisitos de servicio público».
Por estos y otros servicios como el control y seguimiento de los contenidos de la parrilla de las televisiones privadas en abierto la CNMC está dispuesta a pagar por 1,5 millones, iva incluido, durante dos años.
De las privadas debe controlar, por ejemplo, que no pongan más publicidad de la permitida, que vigilen el cumplimiento de contenidos adecuados en el horario infantil protegido.
