Ante el anuncio hecho por el presidente del Consejo Rector de Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, ante Parlamento regional de que abre puertas a un concurso para un contrato valorado en 18 millones de euros anuales, para una nueva externalización de los informativos, que están en manos de Videoreport Canarias desde 2008, la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC-FeSP) ha manifestado su rechazo a “toda externalización, especialmente de los servicios informativos” y pedido la paralización del proceso anunciado hasta que concluya la modificación del mandato marco de la RTVC.
Asimismo, la UPCC pide la convocatoria de un concurso público “no sólo para el nombramiento de todos los miembros del Consejo Rector, sino también la convocatoria de una oferta pública de empleo que permita integrar en la plantilla a todos los puestos de trabajo internos y externos que hacen posible el funcionamiento del ente público, además de dar la oportunidad a nuevos profesionales”.
Al sindicato canario no entiende que el presidente de RTVC se de prisa por externalizar los servicios informativos con un año de antelación al vencimiento del actual contraro “en vez de apostar por imprimir esa urgencia a la modificación de la Ley de RTVC, cuya negociación ya ha empezado y en la que, PSOE, PODEMOS y NC ya han mostrado su apoyo a las tesis de UPCC.
Así se podría no sólo sacar a concurso los puestos del Consejo Rector, sino también lanzar una oferta pública para que sean trabajadores del ente los que se encarguen de los servicios informativos y así garantizar la Libertad de Información” señala.
Para UPCC, la desidia de no haber presupuestado los servicios informativos con personal público “es porque saben que sería más barato, ya que las productoras están en el negocio porque ganan dinero”; invita al Gobierno canario a que haga esos cálculos y le recuerda que un servicio público, por definición, no tiene que ser rentable económicamente y que su rédito está en asegurar el Derecho Fundamental a la Información recogido en el artículo 20.1 de la Constitución.
UPCC entiende que las prisas del presidente de la RTVC respondan a su interés en conceder ese contrato multimillonario por diez años a varias empresas privadas y, de esa manera, impedir la posterior modificación legislativa que permita recuperar los servicios informativos.
Le resulta sorprendente, además, que ni siquiera los miembros del Consejo supieran de la existencia de este documento y al preguntar en Parlamento, les dijeron que no existía.
Al insistír en la paralización del proceso concursal anunciado, UPCC dice que se vería “raro no aprovechar esta oportunidad, para que mediante una oferta pública de empleo se permita integrar en la plantilla tanto a los trabajadores externos, como a los internos y se dé la oportunidad a nuevos profesionales”.
