Debería entrar en vigor el 8 de agosto pero el Gobierno no ha atribuido a la CNMC las competencias y medios como autoridad reguladora.
La Comisión Europea tendrá que iniciar próximamente un procedimiento de infracción contra España, porque aún no ha atribuido por ley a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias y medios que necesita para llevar a cabo su trabajo como autoridad reguladora del sector de los medios de comunicación, tal como prevé el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Esta norma europea, de obligado cumplimiento por los países miembros de la Unión Europea, debería entrar en vigor el próximo 8 de agosto.
Este es uno de los asuntos que se han comentado en una reunión de trabajo organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) con el vicepresidente de la CNMC, Ángel García Castillejo. Han participado una veintena de personas, entre representantes de las entidades de verificación de bulos y desinformación Newtral, Maldita.es, Efe Verifica y VerificaRTVE, Observatorio de medios digitales Iberifier, la universidad, la abogacía y el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel.
La apertura de este procedimiento de infracción se sumará a otros que ya están en marcha contra el Reino de España, entre ellos uno por no aplicar plenamente la directiva sobre la conciliación. Iniciar estos procedimientos es el paso previo a que la Comisión Europea interponga una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUA), como ha hecho en mayo porque España todavía no ha atribuido a la CNMC las competencias para ejercer su tarea como autoridad encargada de supervisar la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA) europea, que debería estar plenamente en vigor desde febrero de 2024.
Una de las vías para agilizar la implementación del citado Reglamento Europeo sería que el Gobierno aprobara un real decreto ley que, tras ser aprobado por el Congreso, se tramitara como proyecto de ley. No hay tiempo para que entrara en vigor el 8 de agosto, como se establece en el mismo excepto para un artículo que lo hará el 8 de mayo de 2027, pero se agilizaría mucho su tramitación.
Entre las competencias que deberá ejercer la CNMC está la de supervisar el cumplimiento del citado Reglamento Europeo (EMFA, siglas de su denominación en inglés European media Freedom Act), encargarse del registro de medios, vigilar las operaciones de concentración de empresas de comunicación que pueda afectar al pluralismo mediático, proteger la independencia editorial frente a presiones y otras.
Hace un año, el 17 de julio de 2024, el presidente del Gobierno compareció en el Congreso de los Diputados para explicar las líneas fundamentales del Plan de Acción por la Democracia del Gobierno. Afirmó que el Ejecutivo ampliaría por ley las funciones de la CNMC, dotándola de más medios para que pudiera desempeñar correctamente su función como la autoridad reguladora que establece el Reglamento Europeo. Hasta ahora no lo ha hecho, por lo que la situación de esa Comisión es de incertidumbre, pues no puede atribuirse competencias que no tiene mientras no sean incluidas y aprobadas en una ley.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) aplaudió en su día la aprobación del citado Reglamento Europeo, porque será una herramienta importante para garantizar la independencia de los y las periodistas y proteger sus fuentes, el pluralismo informativo, la independencia editorial frente a injerencias políticas, económicas o de otro tipo, la transparencia en la propiedad de los medios y la distribución equitativa de la publicidad institucional. Buena parte de estas previsiones han sido reclamadas por la FeSP desde hace más de 20 años.
Tanto los representantes de los verificadores como de la universidad asistentes a la convocatoria del Colegio de la Abogacía de Madrid se han mostrado dispuestos a establecer mecanismos de colaboración con la CNMC, por ser la mejor manera de lograr una correcta aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación.
El pasado 15 de enero el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reunió con nueve organizaciones y sindicatos de periodistas que le habían pedido una cita -entre ellas, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)- y se comprometió a contar con sus opiniones y aportaciones para implementar el Reglamento Europeo.
