El Juzgado Social número 12 de Valencia ha dado la razón a los 22 trabajadores despedidos del canal municipal Gandia TV en julio de 2011, cuando el alcalde de la ciudad, Arturo Torró, decidió cerrarlo.
Según la sentencia, el ERE que extinguió la actividad de la cooperativa RMC es nulo y declara que ésta hizo una cesión ilegal de trabajadores en la empresa pública Iniciativas de Comunicación de Gandia (ICG). Pero al mismo tiempo entiende que la readmisión es imposible, ya que RMC ha desaparecido y además absuelve al Ayuntamiento de Gandia y al FOGASA de pagar las indemnizaciones, que recaerían exclusivamente a las cuentas de ICG, también en proceso de liquidación.
El Ayuntamiento de Gandia se apresuró a publicar un comunicado donde destaca que el alcalde no tendrá que pagar ninguna indemnización y considerando, sin el menor pudor cívico, que la sentencia era una victoria de su gestión. Aunque esto no queda nada claro para los trabajadores. Ya que ICG es una empresa propiedad al 100% del Ayuntamiento y si este no puede hacer frente a las indemnizaciones -336.000 euros- con recursos propios, entiende que es el consistorio quien debería asumir las deudas restantes.
Además, consideran que la sentencia tiene contradicciones importantes como, por ejemplo, anular el ERE y al mismo tiempo dar por válida la fecha de despido; lo que es muy importante a la hora de calcular los salarios de tramitación. Los trabajadores despedidos han anunciado que recurrirán esta sentencia.
