La ofensiva desencadenada contra los medios de comunicación en Turquía ha supuesto la detención de más periodistas y registros en sus domicilios. La Federación Europea e Internacional de Periodistas (FEP/FIP) han denunciado el deterioro de la democracia, de la que la libertad de prensa es uno de los pilares. Desde el intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio, protagonizado por un grupo de militares, decenas de periodistas han sido detenidos y/o despedidos de sus puestos de trabajo. Sólo el 25 de julio, la Fiscalía emitió una orden de detención sobre 42 profesionales de la información, que son las últimas víctimas de las purgas impulsadas por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Algunas fuentes informan que algunos de estos 42 –unos once– podrían haber salido del país antes que la orden se hubiera cumplido. Hasta el momento, según la Plataforma para la Defensa del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas, siete de ellos ya habrían sido arrestados.
El 22 de julio, Zehra Dogan, periodista y editora de la agencia de noticias de la mujer Jinha, fue detenida por la policía en Mardin, en el sureste de Turquía. La llevaron a la comisaría de policía de Nusaybin al día siguiente. Durante el interrogatorio, fue acusada de «ser un miembro de la organización terrorista PKK».
Bülent Mumay, uno de los 42 detenidos el pasado lunes escribió en Twitter que «La única organización de la que soy un miembro de es la Asociación de Periodistas de Turquía [TGC]. Mi única profesión es periodismo». Entre las órdenes de detención figura el destacado periodista y ex parlamentario Nazli Ilıcak que fue despedido del diario progubernamental Sabah en 2013 por criticar ministros implicados en un escándalo de corrupción, según han informado distintos medios.
El presidente de la FIP, Philippe Leruth, ha afirmado que «desde el golpe fallido hemos tenido que reaccionar aún más en contra de la represión de los medios de comunicación en Turquía. Las nuevas órdenes de detención tienen como objetivo, una vez más, atacar a los periodistas que están haciendo su trabajo, que penaliza el trabajo periodístico. El pueblo turco que salió a las calles el 23 de julio estaban mostrando su fidelidad a los valores democráticos a través de su unión a las autoridades elegidas por votos. La libertad de prensa es un componente esencial de la democracia. Y está en juego todavía de una manera más evidente hoy en día».
Por su parte, el presidente de la FEP Mogens Blicher Bjerregaard ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional «para ejercer presión sobre el gobierno turco para restablecer un estado de derecho. Cada vez son más los periodistas que se enfrentan a intimidaciones, detenciones o encarcelamientos y esta purga debe parar inmediatamente. Queremos expresar nuestra solidaridad total con nuestros colegas turcos».
En un claro indicio de su implacable persecución a los medios de comunicación, las autoridades turcas han prohibido la publicación de la edición especial de la revista satírica LeMan y ordenaron el pasado 20 de julio la paralización de las tareas de impresión y distribución de la publicación. Al día siguiente, 300 empleados de la Corporación de Radio y Televisión de Turquía fueron suspendidos de sus puestos de trabajo como parte de la investigación sobre la organización Fetullah (FETO) – tachada de ser una organización terrorista por el gobierno. Mientras tanto, 60 periodistas, incluyendo editores, reporteros y personal técnico fueron despedidos desde la agencia de noticias Cihan por los administradores de oficio. El 19 de julio, a algunas cadenas de radio y de televisión les fue retirada su licencia de emisión.
Turquía ha declarado el estado de emergencia por tres meses y ha detenido a más de 13.000 personas en el estamento militar, judicial y otras instituciones –como en la educación– después del golpe fallido. Bajo el estado de emergencia, las autoridades turcas pueden arrestar a los que consideren sospechosos y mantenerlos bajo custodia policial sin cargos hasta 30 días antes de que un juez decida sobre su reclusión. Amnistia Internacional ha denunciado que se han detectado numerosos casos de tortura e incluso de violación entre los detenidos a partir del 15 de julio.
