El 5 de abril de 2016, el Senado de Chile aprobó -por 29 votos a favor y 3 en contra- una iniciativa de ley que contempla castigar con penas que van desde los 61 a los 540 días de prisión a quienes revelen a los medios de comunicación información sobre investigaciones judiciales declaradas en reserva.
Al mismo tiempo, se votó en el Senado un proyecto de ley similar que prevé sanciones económicas para los periodistas que publiquen información sobre casos judiciales que entren en el ámbito de la ley antiterrorista, así como penas de prisión para los informantes que hayan proporcionado dicha información a la prensa.
Ambos proyectos de ley, denominados ‘leyes mordaza’ por sus detractores, entrarían en vigor el próximo 21 de mayo si son aprobados en la Cámara de Diputados. Las iniciativas han provocado un gran debate en la sociedad chilena y las votaciones han transcurrido en medio de un clima muy tenso, ya que varios políticos –cercanos a la presidencia de Bachelet–, así como importantes empresarios y militares chilenos, están siendo investigados por casos de corrupción, abuso de poder, e incluso financiación ilegal de campaña.
“Reporteros sin Fronteras denuncia las maniobras de los poderes Ejecutivo y Legislativo chilenos. Estas dos iniciativas constituyen un grave atentado contra el derecho a la información, así como una regresión significativa en la democracia de Chile», señaló Emmanuel Colombié, responsable de la oficina de América Latina de RSF.
