La iniciativa del grupo Podemos reduce la capacidad de la Junta para comprar voluntades mediante ese dinero público.
En la sesión plenaria de este miércoles en las Cortes de Castilla y León, se ha aprobado la Proposición de Ley de Reforma de la Publicidad Institucional. Todos los grupos parlamentarios, menos el Partido Popular y los partidos provinciales, han aprobado la propuesta registrada originalmente por Podemos, que reducirá considerablemente la capacidad que hasta ahora tenía la Junta para comprar medios de comunicación a través de la publicidad institucional.
Así informa el digital “diariored.com” quien agrega que el hasta ahora vigente permitía la Gobierno castellanoleonés utilizar las subvenciones públicas a medios de comunicación permitía para controlar muchos medios de comunicación por la vía de la financiación. Hablamos de “pseudomedios” y diarios digitales cuya principal fuente de ingresos es la publicidad institucional, es decir, dependen económicamente de ella. Y ya sabemos que, cuando hablamos de medios, la dependencia económica se traduce en dependencia editorial.
Por ello, el elemento central que propone la nueva Ley es que la publicidad institucional no podrá superar el 33% del total de sus ingresos. Así, todos aquellos medios, especialmente digitales, cuya viabilidad financiera depende exclusivamente de los fondos públicos, deberán dejar de funcionar o, al menos, deberán replantear su rol de voceros de sus financiantes políticos. Como el texto de la nueva norma no especifica si la limitación se refiere sólo a la financiación autonómica o abarca también a la financiación de ámbito estatal, se le ofreció al Partido Popular una enmienda transaccional que concretara esta cuestión, pero los de Mañueco se negaron.
Como las enmiendas transaccionales requieren de unanimidad para ser aprobadas, esta no salió adelante. Por ello, el resto de grupos ya negocian una nueva enmienda que especifique que el límite del 33% se aplica sólo a la financiación proveniente de la Junta.
La semana pasada, y a sabiendas de que la reforma estaba cerca de aprobarse, el PP asignó una partida 48 millones a RTVCYL (Televisión de Castilla y León). Esta televisión privada, con apenas un 1% de audiencia, está controlada por los dos grandes grupos mediáticos de la región; Promecal de Antonio Miguel Méndez Pozo y Edigroup de José Luis Ulibarri, ambos constructores.
