El Partido Popular se ha olvidado del respaldo que sus tres últimos ministros de Trabajo han expresado hacia el Estatuto del Periodista Profesional y, a la hora de la verdad, ha impedido que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a elaborar esa ley, tan importante para los profesionales de la información.
En la I Convención de Periodistas de España (Cádiz, abril de 1998), el entonces ministro de Trabajo, Javier Arenas, comentó con los organizadores de aquel encuentro que haría lo que estuviera en su mano para mejorar la regulación y la situación de los periodistas. Su sucesor en el cargo, Manuel Pimentel, se reunió con el Foro de Organizaciones de Periodistas (del que forma parte la FeSP) y también expresó su apoyo. Y lo mismo hizo el ministro Juan Carlos Aparicio en la II Convención (Valladolid, mayo de 2000).
Con el mandato aprobado en Valladolid de elaborar un texto articulado, la III Convención (Tarragona, mayo de 2002) respaldó un borrador de Estatuto del Periodista Profesional y una propuesta de Ley de Derechos Laborales de los Periodistas, que fueron presentadas posteriormente a todos los grupos parlamentarios. El diputado del PP Alejandro Ballestero leyó ambos textos, comentó que estaba de acuerdo con muchas cosas y que otras habría que discutirlas y se mostró dispuesto a trabajar con los demás grupos parlamentarios para poder poner en marcha esas dos normas legales.
Todo eso se ha quedado en buenas palabras, puesto que la semana pasada, al debatir en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso una Proposición No de Ley del PSOE (en la que únicamente se pedía que el Congreso inste al Gobierno a elaborar un Estatuto del Periodista Profesional y una Ley de Derechos Laborales de los Periodistas), el PP votó en contra.
Un buen ejemplo del escaso interés que el PP tiene ahora en este asunto es el hecho de que la dirección del Grupo Parlamentario Popular encargó al diputado Jesús Manuel Pérez Corgos que defendiera la postura del partido en este asunto en la tarde del martes 4 de diciembre (mientras se celebraba Pleno en el Congreso), cuando la Comisión de Política Social y Empleo se reunía al día siguiente a las 10.00 horas.
Tal vez esa falta de tiempo explique el bochornoso papel que tuvo que hacer ese diputado, que llegó a decir lo siguiente: «En nuestro país tenemos una información veraz y de calidad», «No es necesaria una regulación más en profundidad de la cláusula de conciencia y del secreto profesional», «No creo que los propietarios vulneren la negociación colectiva», «Dejemos de complicarnos la vida en este país que cuenta con unos profesionales protegidos en su secreto profesional y la cláusula de conciencia».
El diputado Pérez Corgos desconoce, por lo visto, que en España todavía no se ha regulado legalmente el secreto profesional de los periodistas, a pesar de que es un mandato constitucional de hace 25 años. Y parece desconocer, también, que España es el país de la Unión Europea en el que la profesión periodística está menos regularizada, a pesar de las recomendaciones del Consejo de Europa, pues únicamente se ha aprobado una Ley de la Cláusula de Conciencia.
La FeSP pide al PP que recapacite sobre su actitud en este asunto y, ya que no ha apoyado la Proposición No de Ley planteada por el diputado del PSOE Luis González Vigil, respalde con sus votos la doble Proposición de Ley que ha presentado el diputado de Izquierda Unida Felipe Alcaraz. Si no da tiempo a debatir esta última propuesta antes de que concluya la actual legislatura, la FeSP espera que el PP y los demás grupos parlamentarios se tomen con interés este caso en la próxima, pues sólo con la existencia de unos profesionales de la información independientes y protegidos legalmente de cualquier tipo de presión se podrá cumplir el derecho constitucional que tiene la ciudadanía a recibir libremente información veraz. Los periodistas no pedimos ningún privilegio, pues somos meros intermediarios de ese derecho.
