El periodista Iñigo Sáenz de Ugarte publica en su blog un análisis de las posturas de la televisiones privadas de Grecia y el porqué de su alineamiento por el “sí” en el último referéndum convocado por el Gobierno de ese país.
Señala Sáenz de Ugarte que “las principales televisiones privadas griegas formaron un frente unido en la campaña a favor del sí en el referéndum. No es extraño ni denunciable que una empresa de comunicación tenga ideología. Es más discutible, como ha denunciado mucha gente, que en los debates celebrados antes de la consulta, la inmensa mayoría de los participantes estaba a favor del sí, y la presencia en las pantallas del ‘no’ era casi testimonial”.
Asimismo, aporta el testimoniod del “periodista Costa Efimeros, productor del documental Debtocracy, escribe sobre las muy rentables relaciones entre las empresas propietarias de las televisiones, los gobiernos anteriores y la troika. Detrás de las compañías están las corporaciones de la construcción, destino de los contratos de infraestructuras concedidos por los gobiernos, y las grandes navieras, uno de los sectores económicos con más poder en Grecia”.
Tras señalar que la TV privada ha operado durante años en un marco de ilegalidad que le resultaba muy lentable dice que “a pesar de que desde la aprobación del primer memorándum (MoU) hay una norma para imponer un impuesto del 20% a la publicidad televisiva, esta es la única medida que la troika ha permitido que se aplace a través de un decreto que se aprueba el 31 de diciembre de cada años, y ya llevan cinco años consecutivos”.
Y hay más: “además de no pagar por sus licencias televisivas, tampoco han pagado impuestos durante años por el uso de frecuencias públicas, según el organismo nacional de contabilidad. Por eso, cuando la troika entró en escena, el compromiso era perfecto: los grandes medios de comunicación apoyaron el programa de austeridad, y los acreedores les permitieron funcionar en una situación de dudosa legalidad (el Consejo de Estado, máxima autoridad legal del país, ha dictaminado en dos ocasiones que es ilegal el uso de frecuencias sin licencia).”
En abril el Gobierno de Syriza dijo que iba a poner fin a esta “anarquía” y exigir a las televisiones que paguen su deuda por el uso de las licencias. La cantidad asciende a 40 millones de euros por los últimos cuatro años.”
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