El pasado 8 de julio, la dirección deTelemadrid decidió dar por extinguido el Convenio Colectivo del Ente y disponer que las relaciones laborales de toda la plantilla pasaran a regirse por el Estatuto de los Trabajadores; con lo que se modificaban sus condiciones retributivas.
Los sindicatos han recurrido este criterio de la empresa y, ahora, el Juzgado de lo Social número 24 de Madrid ha atendido ese recurso y declarado nula esa decisión de Telemadrid.
El juez en su sentencia obliga a la cadena autonómica de Madrid al “mantenimiento de las condiciones contractuales y la revocación de la medida impuesta, reponiendo a los trabajadores y trabajadoras afectadas a las condiciones que venían disfrutando antes del 8 de julio del 2013”.
“Una vez más, la justicia rectifica las desacertadas decisiones empresariales de la cúpula dirigente de Telemadrid, una dirección empresarial en clave política más preocupada de los dictados que recibe del Gobierno de la Comunidad de Madrid que de cumplir con el objetivo que debe tener un medio de comunicación al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad”, señala el sindicato UGT en un comunicado al respecto.
Por otro lado se ha sabido que el fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, ya ha presentado ante la sala de lo social de ese tribunal el informe sobre los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid que declaró no ajustado a Derecho el ERE de Telemadrid.
En un escrito de 24 folios el Ministerio Público pide al alto tribunal que confirme la sentencia de instancia y la ilegalidad de los 925 despidos que acordó el Gobierno de Ignacio González dentro de una plantilla de 1.161 trabajadores. Ahora, los magistrados del Alto Tribunal se reunirán en pleno el próximo 26 de marzo para deliberar sobre este asunto.
De acogerse los magistrados del Supremo a las recomendaciones del fiscal todos los afectados por el ERE obtendrían la indemnización máxima de 45 días por año trabajado, mientras que los miembros del comité de empresa y los delegados sindicales podrían elegir entre cobrar el dinero o solicitar el reingreso en el ente público.
