Para el sindicato de periodistas de Argentina esto representa un recorte al derecho a la información de la ciudadanía.
La suspensión de la publicidad oficial anunciada por el portavos presidencial, Manuel Adorni, el pasado martes 12 “afecta a toda la ciudadanía en su derecho a la información, clave para la vida en común en sociedad, por ejemplo, en cuanto a campañas sobre salud, educación, transporte y mucho más, respecto de las que el Estado nacional está obligado a brindar”.
Así lo entiende la Federación Argetnina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) que en su comunicado señala que “la decisión impactará en cientos de medios de comunicación, con y sin fines de lucro, en los que hay miles de trabajadoras y trabajadores de prensa a quienes representamos. Desde el SiPreBA defendemos sus derechos, sus salarios y sus ingresos, en una actividad precarizada y con una pérdida de poder adquisitivo del 51% en los últimos cinco años.
Las plataformas, que no tienen ninguna regulación y no producen contenidos, no reemplazan a los medios de comunicación en su rol de informar. Tampoco a quienes salen a la calle a buscar noticias, a quienes operan una consola o al cadete de un medio, ni a quien informa sobre el estado del tránsito o saca fotos en un partido de fútbol.
Con las redes de medios comunitarios y autogestivos, en conjunto con otros sindicatos y sectores de la comunicación, desde hace años reclamamos que la pauta oficial sea democrática y federal. El Estado tiene la obligación de favorecer la diversidad de medios y su sostenibilidad, derivada del hecho de que la libertad de expresión protege los derechos de quienes se expresan y de quienes escuchan.
Esta decisión anunciada, por el contrario, anula toda distribución de la información pública y afecta el derecho a la comunicación, la pluralidad de voces y la libertad de expresión. Medidas de este tipo, además, aumentan la asimetría y la concentración que, en palabras del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, implica restringir la democracia porque silencia voces”.
