Contradiciendo lo dispuesto por la nueva reforma de la jurisdicción universal, que entró en vigor el pasado sábado, el juez Santiago Pedraz, estable en un auto emitido hoy que «la jurisdicción española sí es competente para conocer los hechos a los que se refiere la presente causa»; refiriéndose al asesinato del periodista José Couso por miembros del ejército estadounidense.
Pedraz entiende que «no procede el archivo de la causa» porque ello se contradice lo fijado por IV Convención de Ginebra -relativa a la protección de civiles en guerra- y sostiene que «de otro modo estaríamos admitiendo la posibilidad de que una norma interna modifique o derogue una disposición de un tratado o convenio internacional vigente para España, lo cual está proscrito(…)».
La Constitución española dicta que, las disposiciones de los tratados internacionales sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional, y así lo pone de relieve el juez Pedraz en este auto.
El juez Pedraz indica que es imposible aplicar la disposición de la nueva norma que señala que “las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimento de los requisitos establecidos en ella”.
«¿Cómo es posible perseguir un delito si la causa está sobreseída?», se pregunta el magistrado en el auto, «Obviamente no es posible. Y la IV Convención no prevé cumplimiento de requisito alguno de perseguibilidad: la obligación es clara y sin limitaciones, buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales».
En el auto Pedraz recuerda que el Poder Judicial, según la Constitución, ejerce un control de los poderes ejecutivo y legislativo a través de los tribunales ordinarios. Y añade: «Y, así, mediante la inaplicación de una norma interna contraria a una disposición de un tratado el juez está ejerciendo ese control. No es otra cosa sino la aplicación plena del principio de legalidad».
Reacción de la familia Couso
La familia de José Couso ha declarado «valoramos muy positivamente este auto, sobre todo viendo cómo el ejecutivo ha actuado dando carpetazo ante presiones de terceros países».
Por su parte, uno de los abogados en la causa, Enrique Santiago, ha manifestado: «nos alegramos de que haya jueces que mantienen el contenido de la ley frente a presiones políticas, y esperamos que esto sea un ejemplo que cunda entre otros jueces que tienen que tomar decisiones en casos de jurisdicción universal».
El letrado considera que la «reforma llevada adelante por el PP ha obviado las obligaciones de España en materia de persecución de delitos internacionales, e incluso la jerarquía normativa de las leyes en nuestro país, despreciando que los convenios suscritos por España están en la cúspide de la normativa».
