Que la reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP no vale para todo se esta demostrando en los tribunales; muchas de las demandas de los trabajadores están recibiendo la adecuada respuesta por parte de los jueces como se ha vista en los casos de varias importantes empresas editoriales.
Ahora, aunque no sea de nuestro sector, destacamos el auto del Tribunal Supremo que confirmó el pasado 15 de abril la nulidad del expediente de regulación de empleo (ERE) con el que se cerraron cuatro de las once factorías españolas de Coca-Cola: las de Colloto (Asturias), Fuenlabrada (Madrid), Alicante y Palma de Mallorca.
El Supremo consolida la anulación dictada por la Audiencia Nacional en junio padado y agota los recursos posibles por parte la empresa. Además, impone la «readmisión» y el pago de los salarios de los trabajadores desde que estos causaron baja por imposición de la empresa.
El Supremo anuló el ERE por considerar que la empresa violó el derecho constitucional a la huelga distribuyendo en las provincias afectadas por el conflicto refrescos producidos en otras regiones, todo lo cual, según el alto tribunal, perjudicó «el adecuado desarrollo del periodo de consultas del ERE». Anulado el ERE por la conculcación de este principio, el Supremo ya no entró a considerar otros argumentos de nulidad esgrimidos por los demandantes y aceptados por la Audiencia. Ahora, el fallo del Supremo reactivará las demandas presentadas en Asturias, Madrid y Alicante por violación del derecho de huelga.
