El grupo municipal de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) al Ayuntamiento de Barcelona y el candidato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a las municipales, Alfred Bosch, han pedido que se reabre el conocido como «caso 4-F» y se investiguen a fondo los hechos.
Esta rección, ocho años después de trancurridos de esos sucesos, se debe la emisión el pasado sábado 18, por el Canal 33 de TVC, del documental «Ciutat muerta».
Esta emisión, que fue líder de audiencia, trata de los incidentes ocurridos en Barcelona en febrero del 2006 a raíz del desalojo de una casa ocupada, en los que un agente de la Guardia Urbana resultó gravemente herido y por el cual cinco jóvenes fueron condenados; entre ellos la joven Patricia Heras que tras la condena se suicidó. No se ha podido identificar, a título individual y de manera fehaciente, al autor de ese ataque.
La reacción ha venido precedida por el hecho de que «Ciutat muerta» se emitió con un recorte de cinco minutos sobre el montaje original debido a una medida cautelar del juzgado 25 de Barcelona, que ha considerado que algunas imágenes y opiniones sobre el exjefe de Información de la Guardia Urbana de Barcelona, Víctor Gibanel, podrían violar su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
Esta medida censora ha provocado un gran revuelo e indignación en las redes sociales; y esa censura ha provocado el efecto inverso que se pretendía; desde horas antes de la anunciada para la emisión del filme esos cinco minutos recortados fueron profusamente difundidos a través de Twitter.
El film relata que el 4 de febrero de 2006, una fiesta en una casa ocupada en Barcelona terminó con una carga policial, siete detenidos y un policía municipal en grave estado. Los jóvenes detenidos acabaron en el Hospital del Mar de Barcelona, donde coincidieron con Patricia Heras y su amigo Alfredo, que habían tenido un accidente mientras circulaban en bicicleta. Los policías «los involucraron» y Heras fue a prisión. En un permiso, se suicidó.
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