El pasado 19 de marzo el «Observatorio ciudadano por una comunicación de calidad» (OC3), de Ecuador presentó una demanda en la Superintendente de Información y Comunicación (Supercom) de ese país contra de los medios Ecuavisa, Teleamazonas, Televicentro, El Comercio, La Hora, Expreso y El Universo por entender que dichos medios habían cometido censura previa al no difundir artículo de la revista argentina Página 12.
Dicho artículo informaba sobre el patrimonio offshore o en paraísos fiscales del entonces candidato a la presidencia del país Guillermo Lasso y su enriquecimiento ilegítimo, ya que “entre 1999 y 2000 su fortuna pasó de 1 millón declarados a 31 millones de dólares gracias a la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario”, según el medio argentino.
Los representantes del OC3, a lo largo de siete audiencias en la Supercom, aportaron los argumentos legales para demostrar que esos medios vulneraron intencionadamente los derechos ciudadanos al no cubrir ni difundir esa investigación. La Supercom ha atendido esa denuncia y sancionado a cada uno de esos medios con una multa de 3.750€ por omitir información a la ciudadanía y señaló, en declaraciones de su superintendente, que era una «información de relevancia e interés general».
En el alegato de la defensa los medios se dijo que esa información había sido desechada porque procedía de un “pasquín” y no merecía fiabilidad; lo que Supercom no aceptó ya que ha entendido que el diario argentino “ fue fundado en 1987 y en la actualidad, tiene un tiraje de 700.000 ejemplares, además que es uno de los principales medios multimedia de Argentina con medio millón de visitas diarias”.
El observatorio OC3 fue creado en agosto de 2016 por un grupo de comunicadores, estadistas, abogados, sociólogos e ingenieros de comunicación y “tiene como objetivo cuestionar e investigar el rol de los medios de comunicación, así como defender los derechos a la libertad de expresión de la ciudadanía.” En su manifiesto fundacional manifiesta que aunque la Ley de Comunicación y la Constitución Ecuatoriana, exigen una información contextualizada, precisa y contrastada “los grandes emporios mediáticos son todavía mercaderes de lo que se dice y se hace.”
Por lo cual entienden que “el derecho de cada ciudadano de recibir información de relevancia pública sigue en peligro” por lo cual se han impuesto trabajar con “organismos como el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Regulación de Información y Comunicación (Cordicom), la Defensoría del Pueblo y otras entidades pertinentes, a fin de proponer una agenda de trabajo conjunta estado-ciudadanía que garantice el respeto a los derechos ciudadanos”.
http://observatoriocomunicacion.ec/2016/10/20/bienvenidos-al-oc3/
