Con motivo de su 24º aniversario el Sindicat de Periodistas de Catalunya / Sindicat de Profesionals de la Comunicació (SPC) hizo un comunicado en el que criticaba la desidia del grupo mayoritario en el Parlament de Catalunya, Junts pel Xí, de desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatut, que establece las obligaciones de la Generalitat para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. El SPC lleva desde sus inicios con este objetivo y aunque cada está más cerca, aún está demasiado lejos. El texto completo del comunicado es el siguiente:
«Hoy se cumplen 24 años del Congreso Constituyente del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), los días 19 y 20 de junio de 1993, como una organización «Democrática, Profesional, Independiente, Pluralista y Unitaria». En 2009 añadimos el ‘apellido’ de Sindicat de Professionals de la Comunicació. 24 años en los que hemos trabajado mucho para la dignificación de las condiciones de trabajo laborales y profesionales de los informadores. 24 años en los que uno de nuestros objetivos principales ha sido que –a semejanza de como lo está en la mayoría de países de nuestro entorno– se regulara el sector de la comunicación para garantizar el Derecho a la Información de la ciudadanía.
Pero hasta ahora no lo hemos conseguido. Cierto que cada vez estamos más cerca, gracias a la insistencia profesional y ciudadana y gracias también a la cada vez mejor receptividad de los grupos parlamentarios a la necesidad de afrontar esta cuestión. Pero todavía estamos demasiado lejos. Con el Estatuto de Catalunya del 2006 creíamos que sería, si no inminente, sí un proceso más ágil la promulgación de una Ley de Garantía del Derecho a la Información. Y lo creíamos porque en el Estatuto –gracias a la insistencia del SPC en el proceso participativo en su elaboración– consta un artículo, el 52, que establece las obligaciones de la Generalitat por, justamente, garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información de calidad.
Desde que el Estatuto entró en vigencia, nos hemos reunido –en todas las legislaturas– con los grupos parlamentarios y con los responsables del área en los diferentes Gobiernos, instándolos a desarrollar legislativamente este artículo 52. También lo hemos hecho en esta, que ahora está a punto de cerrar para la pausa estival su periodo de sesiones. Nos hemos reunido con Junts Pel Sí (Jordi Cuminal y Sergi Sabrià), Catalunya Sí que Es Pot (Marta Ribas), PSC (David Pérez y Assumpta Escarp), Ciudadanos (Fernando de Páramo), PP (Esperanza Garcia) y la CUP (Albert Botran). También lo hemos hecho con el Secretario de Comunicación del Gobierno catalán, Miquel Martín Gamisans.
Todos ellos –a escepción del grupo de JXSí– nos han mostrado su predisposición a afrontar y promover el trámite parlamentario de elaboración de una ley de estas características. Los diputados del grupo mayoritario de la cámara, al acabar la correspondiente entrevista, nos dijeron que en breve tiempo nos dirían cuál era su posición sobre la cuestión. De esto –ya hace más de un año y a pesar de nuestros requerimientos– seguimos esperando su respuesta. Incluso hemos escrito al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, apelando a su condición de periodista, para que promoviera un pronunciamiento de su grupo. Ni así. Recientemente nos hemos vuelto a dirigir al resto de grupos parlamentarios para explicarles la situación y pidiéndoles que asumieran la iniciativa al ver la desidia mostrada por el grupo mayoritario. Entendemos su argumento que sí este grupo participara en el proceso de regular un derecho tan democráticamente importante como el de la información, todo sería más fácil y más ágil, pero cómo que este no es el caso, es por lo que los hemos solicitado que den un paso adelante.
Hay que destacar que hasta ahora sólo estamos hablando de iniciar la tramitación parlamentaria de una ley que regule un derecho democrático fundamental, insistimos, como lo está en buena parte de los países europeos y de todo el mundo. No estamos hablando de contenidos, que esto, en todo caso, ya vendrá más adelante. Defendemos esta regulación porque se trata de un derecho que pertenece a la ciudadanía y que por lo tanto, la administración tiene la obligación de establecer las bases –los derechos y deberes– de los profesionales que lo tienen que servir a la ciudadanía. Como la educación, la sanidad o la justicia.
Obviamente no resumimos nuestra trayectoria sólo en relación a esta cuestión. En estos 24 años nos hemos convertido en un referente de la profesión en las cuestiones más trascendentes del sector, sólo hay que ir a nuestra página web para comprobarlo. En cualquier caso, celebramos estos 24 años de vida satisfechos por el trabajo hecho, conscientes que podríamos haber hecho más y mejor. Lo seguiremos intentando en los próximos 24.»
19 de junio de 2017
