El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado ayer una moción del grupo socialista que pide la derogación de la siniestra Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza que, entre muchos otros, recorta los derechos de los informadores para actuar en la via pública y de expresión sindical en las huelgas convocadas de acuerdo a la ley.
La “mordaza” impuesta por la mayoría absoluta del PP en la pasada legislativa solo ha sido defendida por el mismo partido; mientras que C’s se ha abstenido en el punto que habla de la derogación de la norma que quiere derivar al Constitucional.
Aunque solo se trata de una declaración política de intenciones, que deberá ser convertida en una proposición de ley para responder al reclamo ciudadano, abre un camino para su reforma.
Además de la restricción de derechos expuestos por los diferentes grupos se señalan las multas por «obstruir» el desarrollo de las funciones de un empleado público, que podría afectar a los piquetes, o a la sanción por perturbar la seguridad ciudadana mediante la colocación de objetos, mobiliario, contenedores o neumáticos.
Los sindicatos también han denunciado que la indeterminación de la ley provoca que algunas actuaciones durante las protestas laborales se interpreten como desórdenes graves. Por ejemplo, «ocupar un inmueble en contra de la voluntad del propietario».
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