La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha rechazado la reforma del Código Penal que ha sido aprobada en el Congreso y remitida al Senado «por el recorte en los derechos de libertad de expresión e información» que ella implica.
La PDLI está integrada por 19 organizaciones ciudadanas, entre las que se encuentran el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU); medios como ’20 Minutos’ y ‘Eldiario.es’; así como profesionales del derecho, la comunicación y del ámbito universitario.
El director de la plataforma, el abogado Carlos Sánchez Almeida, destaca que en los delitos contra la propiedad intelectual (artículos 270 y 271) se incorporan ahora los sitios web de enlaces a obras protegidas por derechos de autor y la modificación de consolas de videojuegos, «a pesar de que se trata de actividades declaradas legales reiteradamente por la justicia española».
Por otro lado, hasta 63 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades públicas han suscrito un manifiesto en el que acusan al Gobierno del Partido Popular de «deslealtad democrática» por haber impulsado reformas penales que consideran autoritarias y regresivas.
Los catedráticos reclaman la derogación de la reforma y explican su toma de posición “ante la grave situación que atraviesa la legislación sancionadora penal y administrativa en España”.
Consideran que “el Gobierno, abusando de una mayoría absoluta obtenida legítimamente en las últimas elecciones, está impulsando unas reformas penales” que padecen una suma de defectos.
Entre ellos, que las reformas propuestas “beben político criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas”.
Así mismo considera que lo más grave de esta iniciativa legislativa “es el claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por criterios de peligrosidad: la dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados no a la seguridad de la norma sino a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a “administrar” la peligrosidad”.
En cuanto a los recortes al derecho de reunión, señala que se trata “de un intento de poner sordina a las protestas ciudadanas indignadas ante el constante recorte del Estado del Bienestar. Se trata de una ley claramente regresiva, con la que se pretende convertir en papel mojado buena parte de la declaración de derechos contenida en la Constitución”.
El manifiesto completo y sus firmantes: http://www.ub.edu/dpenal/recursos/TEXTO%20FINAL.pdf
