El Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ) ha celebrado al acuerdo de los tres principales partidos políticos sobre la regulación de la prensa escrita. Tras meses de discrepancias, tories, liberaldemócratas y laboristas llegaron a un consenso sobre cómo implementar las recomendaciones incluidas en el informe Leveson sobre los medios de comunicación escritos después de una reunión final de cinco horas y media.
El sindicato ha calificado el acuerdo como un paso significativo en el camino hacia un sistema fidedigno de la reglamentación de prensa, pero advirtió que el sindicato y el público deben tener un papel efectivo en el desarrollo del código y en el nuevo marco regulador.
Michelle Stanistreet, secretaria general del NUJ, señaló que el sindicato «Ha ha hecho una larga campaña para tener un regulador verdaderamente independiente de la industria y del Estado, que tenga “dientes” y poderes de investigación. Los editores han presionado mucho para tener veto sobre la composición del regulador, y es una buena noticia que ese intento haya fracasado”.
«El NUJ considera que la co-regulación es vital. Saludamos el reconocimiento del principio de que los periodistas y los consumidores deben participar en la elaboración del código de normas. El gran fracaso de la PCC (anterior sistema de autorregulación), como se reconoce en el informe Leveson, era que representaba los intereses de los editores y propietarios y operaba como un club de viejos. Los periodistas no teníamos entrada y no había ningún compromiso público. Ahora necesitamos el acuerdo del nuevo regulador para introducir una cláusula de conciencia para los periodistas, como parte del código, para protegernos de ser forzados a actuar sin ética”
En esencia, el acuerdo presentado contempla el establecimiento de un organismo independiente que velará por la aplicación de un férreo código ético, en cuya elaboración tendrán preeminencia los propios periódicos y al que podrán adherirse libremente.
Ese sistema, nominado como cédula real (royal chart) porque está sometido a la sanción de Isabel II, no precisa en principio de una legislación expresa, según sostiene Cameron al esgrimir como ejemplo el mismo mecanismo que se aplica hoy a la radiotelevisión pública BBC.
Aunque el laborista Ed Miliband y el liberaldemócrata Nick Clegg, número dos del Gobierno, interpretan que ese modelo cobra el carácter de ley, en cuanto su modificación exigiría el voto de dos tercios del Parlamento. Esta no es una simple precisión técnica, ya que la cédula real es de obligado cumplimiento, y no se entiende demasiado que Cameron haya insistido en ofrecer la adhesión voluntaria de los periódicos.
El futuro cuerpo regulador, en el que los medios podrán designar a su propio representante, no podrá obligar, pero ejercerá una fuerte presión sobre los medios, para que publiquen, por ejemplo, rectificaciones de informaciones erróneas en un lugar destacado, “y no en un rincón escondido de la página 36”, como señaló Ed Miliband, que actúa como mediador no oficial de los afectados por el escándalo Murdoch. Miliband, precisamente es tildado como enemigo de la libertad de prensa por los propietarios de los medios.
El organismo regulador, además de su función mediadora y consultora; tendrá capacidad sancionadora y podrá aplicar multas de hasta un millón de libras (1,16 millones de euros) a los periódicos sometidos voluntariamente a su dictamen y que rectificar sus artículos cuando el organismo lo estime necesario.
Quien no acepte ese sistema deberá enfrentarse a demandas ante los tribunales de justicia cuando los afectados o el propio regulador presenten causa, lo que puede desempolvar el “hacha judicial” que hace decenios llevo a las cadenas de prensa a pagar compensaciones millonarias mucho más altas. Que fueron las que llevaron al sistema de autorregulación anterior que se publicitó como “ejemplar” en España y que ha resultado un rotundo fracaso.
Este acuerdo plantea, además, la promulgación de nuevas leyes aún en estudio para evitar la influencia de los intereses de los Gobiernos en el organismo regulador de la prensa. El informe Leveson ya detalla una serie de recomendaciones con las que reformar la prensa británica y que, ahora, se deben articular.
