Una vez más la Junta Electoral Central (FEC), y una vez más también a instancias de un partido político, ha desautorizado y ha anulado los criterios de seguimiento informativo de la campaña electoral elaborados por los consejos de administración de RTVE y de la CCRTV, que flexibilizaban los aspectos más rígidos y más surrealistas de la normativa que identifica respecto del pluralismo con proporcionalidad de resultados electorales. Normativa que no tiene ninguna base legal y que proviene sólo de la inercia de los tiempos de la transición y de la pereza de los partidos por encontrar una solución que contraponga el siempre sospechado control progubernamental de la radiotelevisión pública.
Así, y mientras el Parlament es incapaz todavía de aprobar la necesaria y urgente reforma de la ley de la CCRTV, hay partidos que desautorizan con sus recursos los acuerdos de sus correligionarios en los consejos dadministración, y dejan en papel mojado todos los intentos de considerar, ni que sea un mínimo, los criterios profesionales de los informadores. Y lo hacen comulgando con la rueda de molino según la cual la Junta Electoral Central tiene competencias en la elaboración de la información de la RTV pública, más allá de los estrictos espacios gratuitos de propaganda electoral. Esta verdadera vulneración del derecho a la información y de los derechos profesionales deberá ser cuestionada algún día, para ir a la raíz del mal y terminar de una vez con una práctica que lleva al esperpento en cada campaña.
Por parte nuestra nos comprometemos a estudiar todas las medidas posibles para acabar con este supuesto imperativo, supuestamente legal, que pesa como una losa sobre la información veraz y rigurosa en todos los procesos electorales.
