Continúa el goteo de despidos y no renovaciones de contratos tras el periodo de prueba en el periódico digital ‘Vozpópuli.com’. El último ha sido el periodista Carlos Fonseca, que ha sido despedido alegando causas económicas tras un año en la compañía.
En las últimas semanas la empresa también ha prescindido de otro trabajador al cumplirse los tres mes del periodo de prueba y de una trabajadora tras un contrato de un año. En los últimos cinco años, esta empresa -con casi 40 trabajadores en la plantilla- ha rescindido el contrato a más de 60 personas, entre despidos, no renovaciones o rescisión al cumplirse el periodo de prueba, además de varias bajas voluntarias.
El caso de Carlos Fonseca ha provocado malestar en la redacción, porque era una de las firmas más leídas. Es autor de ocho libros, entre ellos el titulado Trece rosas rojas, que fue llevado al cine en 2004 por el director Emilio Martínez Lázaro y premiada con cuatro goyas.
Ante el mal ambiente creado en la redacción, el accionista mayoritario de la empresa, Jesús Cacho, ha enviado una carta a todos los trabajadores en la que afirma que ha adoptado la «decisión dolorosa» de despedir a Carlos Fonseca debido a las pérdidas económicas que han registrado en 2016 y a las malas perspectivas de la publicidad para el año actual.
Esa carta ha sorprendido en la redacción, porque es la primera vez que el dueño de la empresa explica por qué ha acordado un despido, algo que no ha hecho en los demás casos y que tampoco suele ocurrir en otras empresas.
Hace dos semanas se celebró el juicio por el despido de otro trabajador, y está pendiente otro por las demandas presentadas por tres periodistas que fueron despedidos tras solicitar a la empresa unos datos para presentarse a las elecciones sindicales que convocó el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM-FeSP).
El pasado 28 de noviembre, en el acto de constitución de la mesa electoral, la empresa entregó al SPM y a otros sindicatos el censo laboral, en el que figuraban todos los trabajadores que integraban la plantilla el día que el sindicato presentó el preaviso de elecciones en la Consejería de Empleo, tal como establece la legislación.
Unas horas después, la empresa eliminó del censo a tres trabajadores que iban a ser candidatos y a los que había despedido después de haber registrado ese preaviso. Eso obligó a celebrar las elecciones sin esos tres candidatos, pese a que tenían derecho a serlo porque su despido estaba pendiente de ser revisado por el juez. El SPM impugnó ese censo electoral, se ha celebrado el acto de arbitraje previsto legalmente y está pendiente la resolución.
