El digital “encastillalamancha.es” informa de la condena impuesta por el Juzgado de lo Social número 2 de Toledo de froma solidaria “a Nacho Villa, ex director general de Radiotelevisión Castilla-La Mancha (RTVCM) y al propio Ente a indemnizar con 6.000 euros al sindicato CCOO por daños morales al considerar que Villa vulneró los derechos fundamentales de huelga y de libertad sindical tras impedir el acceso al centro de trabajo a José Luis Arroyo, secretario provincial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía y asesor de la sección sindical de CCOO en RTVCM durante las convocatorias de huelga que realizaron los trabajadores de la radio y televisión autonómicas los días 26 y 27 de abril de 2015, tal y como se recoge en la sentencia facilitada por el sindicato.”
En la sentencia se considera probado, expresa el medio, que el sindicalista «en su condición de asesor de la sección sindical de CC.OO. y habiendo comunicado previamente su visita al director general, al director financiero y al director técnico del Ente, no pudo acceder libremente al centro de trabajo, pues se condicionó dicho acceso a la firma de un documento con el siguiente tenor literal: ‘Yo, D/Dña… con DNI… y en calidad de… Solicito el acceso a las instalaciones de RTVCM para reunirme con sus trabajadores en el Salón de Actos durante el período… Al estar en período electoral y acceder a un recinto de titularidad pública aconsejaré y apoyaré a los trabajadores solo en cuestiones de ámbito laboral y no procederé a realizar actos de propaganda electoral’. Tal decisión fue adoptada por el director general del Ente».
Cuando llegó la inspectora de Trabajo se enteró de que no se había permitido el acceso ni a Arroyo ni a Carlos Pedrosa, secretario general de UGT CLM; ni a Alberto Sánchez, secretario de Organización de UGT CLM, aunque estos dos últimos ya se habían ido.
Por lo que la inspectora indicó a la coordinadora de área jurídica del Ente el derecho de Arroyo a entrar y ésta le advirtió que lo haría bajo la responsabilidad de la propia inspectora, a lo que ésta a su vez respondió que la entrada de Arroyo se haría «en virtud del derecho del cargo que ostentaba».
No terminó ahí la historia, puesto que una vez que entraron al centro «y cuando la inspectora se separó de Arroyo para realizar su trabajo, éste fue expulsado por los servicios de seguridad en cumplimiento de la orden dada por el director general y sin que le fuera permitido acceder al lugar en el que se encontraba reunida la sección sindical».
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