Las policías de algunos países incluyen, sin control, en las alertas de Interpol a periodistas desafectos de sus gobiernos y defensores de DH para provocar su detención.

126 trabajadores despedidos de Público cobran un año después del erario público mientras el editor, que sigue debiendo a colaboradores, abre un restaurante con pretensiones.

Desconocidos allanaron el despacho del Relator Especial para la libertad de Opinión y de Expresión, que apoya las últimas reformas normativas de medios en Latinoamérica.

Los directivos de la corporación y de la TV catalana han quedado desautorizadas por el acuerdo alcanzado gracias a la voluntad de los trabajadores de salvar la empresa.

La FIP ha lanzado un sitio wed dedicado a respaldar la campaña de difusión de información para la protección de los periodistas y los medios en zonas de conflicto.