El pleno del Parlament de Catalunya aprobó el jueves 26 de junio el desarrollo legislativo del artículo 52 del Estatuto, que establece las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.
Este artículo señala:
1. Corresponde a los poderes públicos de promover las condiciones para garantizar el derecho a la información y a recibir de los medios de comunicación una información veraz y unos contenidos que respeten la dignidad de las personas y el pluralismo político, social, cultural y religioso. En el caso de los medios de comunicación de titularidad pública la información también ha de ser neutral.
2. Los poderes públicos tienen que promover las condiciones para garantizar el acceso sin discriminaciones a los servicios audiovisuales en el ámbito de Cataluña.
Esto sucedió en el marco del debate de una moción presentada por la CUP-AE para la democratización del espacio comunicativo catalán y que planteaba «la división del espacio radioeléctrico en tercios; un tercio para los medios públicos, un tercio para los medios privados y un tercio para los medios comunitarios y que el espacio radioeléctrico comunitario sea controlado por un Consejo de la Radiodifusión Libre y Comunitaria independiente al Consell de l’Audiovisual de Catalunya».
Si bien la moción fue rechazada por los votos de CiU y del PP, en cambio tuvo éxito la enmienda de ICV-EUiA en relación al artículo 52 del Estatuto que dice «se aprueba iniciar el diálogo con representantes de la sociedad civil y del sector periodístico y audiovisual para redactar una Ley del derecho a la Información que desarrolle el artículo 52 del Estatuto y que defina también los derechos y deberes de los profesionales de la información, como garantía de una información veraz y de calidad».
El presidente del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), Ramon Espuny, ha mostrado su satisfacción porque el desarrollo legislativo del artículo 52 inicie finalmente su recorrido puesto que esta es una cuestión que el SPC ha reclamado a todos los grupos parlamentarios desde que el nuevo Estatuto fue aprobado definitivamente.
En cambio, Espuny ha lamentado que la moción de la CUP no prosperara «porque recogía el espíritu de lo que el sindicato defiende». En la propuesta de esta formación se recordaba que los medios comunitarios «son de iniciativa social que persiguen también una finalidad social; que no tienen afán de lucro; y que están abiertos a la participación más amplia posible en cuanto a la propiedad del medio, el acceso a la emisión, así como también a las diversas decisiones de programación, administración, operación, financiación y evaluación».
