En momentos en que los sindicatos de periodistas argentinos denuncian la escalada de represión de las fuerzas de seguridad que les impiden, mediante golpes y detenciones, cubrir las protestas populares, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anuncia una norma legal que aumente la impunidad de las policías.
El caso del policía Luis Chocobar, que esta siendo procesado por haber dado muerte por la espalda a un delincuente había reavivado el debate público respecto a los excesos de las fuerzas de seguridad.
Mientras las organizaciones de derechos humanos han mostrado su preocupación por el «gatillo fácil» policial, el propio presidente Macri ha recibido al mencionado policía, alabó su profesionalidad y la ministra Bullrich, que hizo una defensa cerrada del policía, explicó el “cambio de postura” del Gobierno respecto a estos incidentes.
Así, afirmo que “vamos a invertir la carga de la prueba. Hasta ahora, el policía que actuaba en un enfrentamiento iba preso. Nosotros estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el Código Penal. Vamos a introducir la legítima defensa para estos casos de policías.
El juez que haga lo que quiera, nosotros, como política pública, vamos a defender a una policía en acción que no se deje matar”, añadió.
Estas declaraciones han merecido la respuesta de José Miguel Vivanco, responsable para América de Human Rights Watch que, desde Washington, no sólo consideró como equivocada la posición de la ministra sino que opinó de que se trata de un «peligroso mensaje» porque eso significaría “darle carta blanca a las fuerzas de seguridad para cometer abusos en la persecución de delitos».
«Es imprescindible que las fuerzas de seguridad tengan en claro que deberán rendir cuentas si cometen abusos», añadió Vivanco.
