El Sindicato dos Jornalistas de Portugal (SJ) ha criticado, el pasado viernes, que el Tribunal de de Oporto haya rechazado los recursos interpuestos por el presidente del SJ y el periodista Manso Preto por la decisión del Tribunal de Instrucción Criminal de Oporto (TIC) de validar la búsqueda y secuestro de dos ordenadores y otro material informático en el domicilio de ese profesional freelance, que el SJ considera una violación de sus derechos.
En su comunicado, la SJ interpreta que esa decisión judicial “significa una reducción drástica y, en algunos casos, incluso la eliminación (en el casos de los periodistas freelance) de garantías esenciales del ejercicio de la profesión, expresamente de la garantía de protección del secreto profesional.” El Sindicato de los Periodistas reprocha “la insuficiente sensibilidad de los magistrados por la especial y singular importancia del secreto profesional de los periodistas.” Y destaca que este “derecho-deber, siendo una garantía constitucional, intrínseca a la condición de periodista, no puede ser puesto en riesgo por la pretención de formalidades rigurosas como es el caso de una diligencia de búsqueda determinada judicialmente, que debe ser presidida por un juez y acompañada por el presidente del SJ.” El SJ reclama que este incidente “puede suscitar un incidente de quiebra del secreto profesional y exige se escuche a la organización representativa de los periodistas antes de abrir los ordenadores y otros soportes informáticos del periodista Manso Preto incautados.”
Por otro lado, el pasado jueves la Federación Europea de Periodistas (FEP ) ha salido al paso de la decisión del Tribunal Federal suizo que ha dictaminado que un periodista debe prestar testimonio contra su fuente con el fin de perseguir al traficante de drogas que ha mencionado en un artículo del diario Basler Zeitung.
Ricardo Gutiérrez , secretario general de la FEP, ha declarado que “Se trata de una violación flagrante del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes confidenciales”, y aclara que ”la protección de las fuentes es un derecho garantizado por la Constitución Federal de Suiza (artículo 28 bis) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza la libertad de prensa”.
Urs Thalmann, secretario general de Impressum, el sindicato suizo afiliado a de la FEP, ha tachado la decisión de “escandalosa” y añadido que “tiene un efecto contraproducente para las autoridades y el interés público, ya que sin esta información no se hubiera iniciado la investigación.”
