El Senado de la República Argentina ilimitó el acceso a los profesionales de la información en la cobertura de la sesión parlamentaria que trató el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo el pasado 8 de agosto. La Federación Internacional de Periodistas (FIP), organización que representa a 600.000 trabajadorxs en el mundo y a la cual pertenece la FeSP, ha expresado su rechazo la medida ejecutada por la cámara «ya que se trata de una grave limitación a la libertad de expresión y al derecho ciudadano a informarse sobre un hecho que es inherente al debate público».
De acuerdo a un comunicado oficial recibido por los profesionales de la información que no pudieron acceder, la cobertura de la sesión parlamentaria contó con una limitada cantidad de medios, ya que por supuestas obras de reestructuración, la capacidad se restringirá a tan sólo 70 personas.
Desde el equipo de comunicación del Senado, explicaron que en la selección de acreditados se tomó en cuenta el alcance de cada medio. En rechazo a este criterio, varios medios sociales afirmaron que esta medida «es un criterio selectivo y tendencioso ¿Quién mide la audiencia y en relación a qué, cuando se trata de un debate transversal a toda la sociedad Argentina?», cuestionaron mediante un comunicado colectivo. La nota fue firmada tanto por diferentes medios comunitarios y alternativos como por distintas organizaciones sindicales de prensa, entre ellas, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Desde el Senado comunicaron a los integrantes de ONG y público en general que «en la plaza Congreso, dónde se podrá circular de manera libre». Ante esta afirmación, el colectivo de medios comunitarios y alternativos rechazados replicó diciendo que «consideramos esa mención como una discriminación a nuestro trabajo en detrimento de la labor periodística que realizamos cotidianamente. La transversalidad de la perspectiva de géneros en los medios populares es un trabajo de muchos años. La mirada feminista no puede estar solo afuera en este debate».
La FIP ha considerado «inaceptable esta medida que limita el derecho a la libertad de expresión y de información en un debate que es de suma importancia para la sociedad argentina». Impedir el acceso a decenas de medios de comunicación en una cobertura parlamentaria, concluye la organización, «contribuye a restringir la pluralidad de voces y a debilitar el debate social».
