“Cuando alguien comete un error muy grave en su trabajo y provoca un perjuicio serio a su empresa, lo más probable es que sea sancionado o incluso despedido. Cuando un medio de comunicación se equivoca, lo habitual es que no pase nada -salvo algunas excepciones- o, como mucho, que el periódico incluya una breve nota de rectificación en la sección de cartas al director o, si es una radio o una televisión, que dedique apenas unos segundos a pedir disculpas. Algunos ni siquiera hacen eso.
Así lo señala el periodista Agustín Yanel en el digital “encastillalamancha.es” quien recoge el fiasco de Antena 3 y La Razón de difundir la foto trucada del ciudadanos canadiense Veerender Jubbal atribuyéndole su participación en el atentado del pasado viernes en París.
Yanel señala que en ambos casos no se cumplió “con la obligación de los periodistas de comprobar la veracidad de la información, y que si “hubieran realizado una mínima comprobación habrían visto que la imagen del periodista convertido en terrorista por obra del Photoshop es un montaje que circula por las redes sociales desde el 4 de agosto.”
Así mismo, que a ese error se ha sumado la falta de rigor de ambos medios para con sus televidentes y lectores: “Antena 3 ni se disculpó ni aclaró su error. ¿Por qué utilizaron Twitter para rectificar una noticia errónea que habían publicado en un periódico? ¿Todos los lectores de ese diario tienen una cuenta en Twitter y pudieron leer esa aclaración? Evidentemente, no, luego no existió la rectificación debida.
La ley que regula el derecho de rectificación establece que los medios de comunicación deben rectificar, cuando lo solicita una persona afectada por una información inexacta que le causa perjuicios, dedicando un espacio semejante al que emplearon para dar la noticia. Lamentablemente, esta norma se cumple en muy pocas ocasiones, nunca se dedica el mismo espacio y casi siermpre es porque lo ordena un juez.”
Yanel concluye que al no existir, en España, ley alguna que regule los derechos y los deberes del periodismo, “es difícil o casi imposible adoptar medidas contra los informadores que no respeten las normas deontológicas de esta profesión, imprescindible en democracia aunque cada día peor valorada”.
Por último, reflexiona que “El día que la ciudadanía se tome en serio su derecho a la información y la comunicación, y exija una ley que garantice ese derecho, otro gallo nos cantará a los ciudadanos, a los periodistas y, en definitiva, a la democracia. Y ese canto sonará mucho mejor que el actual.»
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