La PLI señala en su informe anual agresiones físicas, acoso digital contra periodistas, amenazas de muerte e intimidación desde actores privados y públicos
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PLI) –entre cuyas organizaciones fundadoras está la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)– ha alertado sobre el aumento de las presiones y de los riesgos legales para ejercer el periodismo que ha habido en España en 2025. La libertad de prensa se vio afectada por «un conjunto de tensiones estructurales que afectan al ejercicio del periodismo y a la calidad del debate democrático», según el informe La libertad de información en España. Balance 2025, de la PLI.
En el informe se afirma que, aunque en España existe un marco democrático formal y no hay censura directa, «durante 2025 se consolidaron dinámicas de presión acumulativa —agresiones y acoso a periodistas, inseguridad jurídica, opacidad institucional y reformas normativas controvertidas— que reducen el espacio efectivo para el ejercicio libre del derecho a la información».
“El problema no es un retroceso abrupto, sino un desgaste progresivo. Cuando informar implica asumir riesgos personales, legales o económicos desproporcionados, la libertad de prensa se vacía de contenido sin necesidad de censura explícita”, señala el informe.
«A lo largo de 2025 se registraron agresiones físicas, amenazas graves y campañas de acoso digital contra periodistas, especialmente en contextos de alta polarización política. El informe documenta ataques durante la cobertura de manifestaciones, amenazas de muerte y episodios de intimidación, tanto desde actores privados como desde cargos públicos».
La PLI señala que han aumentado las comparecencias de cargos institucionales sin preguntas, retrasos en el acceso a la información pública y falta de avances en la reforma del régimen de secretos oficiales, que es uno de los más restrictivos de la Unión Europea. «Estas prácticas, aunque no constituyen censura formal, configuran formas de restricción indirecta o de baja intensidad que debilitan la rendición de cuentas, limitan el contraste informativo y afectan negativamente al pluralismo, al convertir la comunicación pública en un flujo unidireccional controlado por las instituciones».
El balance 2025
La PLI dedica un capítulo del balance del año 2025 a analizar las reformas y proyectos normativos que tienen un impacto directo sobre la libertad de prensa:
• anteproyecto de Ley de Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, pendiente de tramitación parlamentaria;
• reforma del derecho de rectificación en el entorno digital;
• anteproyecto de Ley Orgánica del Secreto Profesional de los Periodistas, que presenta —según el Consejo General del Poder Judicial y la PDLI— excepciones amplias e imprecisas que podrían ofrecer una protección inferior a la actualmente existente;
• Proyecto de Ley de Información Clasificada, que mantiene plazos de clasificación muy prolongados y carece de mecanismos de control suficientemente robustos, lo que dificulta el acceso a documentos de interés público y la labor del periodismo de investigación.
Deberes para el 2026
Para el año 2026 la PLI señala varios factores que marcarán la evolución de la libertad de prensa en España:
• tramitación y aprobación de reformas pendientes en materia de servicios digitales, secreto profesional, información clasificada, medios públicos y derecho de rectificación;
• aplicación efectiva del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) y del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que reforzarán el papel de los reguladores nacionales y exigirán mayores garantías de independencia;
• transposición de la Directiva europea contra las demandas abusivas (anti SLAPP), destinada a frenar el uso de acciones judiciales intimidatorias contra periodistas y medios, entre otros;
• la evolución del acceso a la información pública y de la transparencia institucional;
• el aumento del acoso digital y la polarización política, que seguirá condicionando la seguridad y las condiciones de trabajo de los periodistas;
• la garantía del pluralismo y la independencia de los medios públicos, especialmente en el contexto de las reformas recientes.
El informe concluye con unas recomendaciones dirigidas al Poder Legislativo y a las instituciones públicas, entre ellas estas: garantizar que la ley de información clasificada incorpore plazos razonables y mecanismos independientes de revisión; asegurar que la regulación del entorno digital respete plenamente la libertad de información y el control judicial; proteger de manera activa a los periodistas frente a agresiones, acoso y presiones judiciales.
Ver el informe íntegro en este enlace: https://libertadinformacion.cc/wp-content/uploads/2026/01/Balance-2025_libertad-informacion-Espana.pdf
