El pasado 5 de mayo el parlamento francés, utilizando como pretexto las supuestas necesidades de reforzar la lucha antiterrorista, ha dado a los servicios secretos de ese país amplios poderes para rastrear la Red e interceptar comunicaciones telefónicas y cibernéticas. Podrán actuar así solo con la autorización del primer ministro, pero sin control judicial, con el objetivo de “prevenir el terrorismo, el crimen organizado o el espionaje industrial”.
La Asamblea Nacional lo ha aprobado por 438 votos a favor y 86 en contra, legalizando así prácticas ilegales habituales de esos servicios secretos. Con la nueva ley podrán colocar micrófonos donde lo crean necesario, entrar en domicilios en situaciones excepcionales, acceder en tiempo real a ordenadores de sospechosos, o colocar balizas de seguimiento en sus automóviles.
Igualmente, podrán usar sistemas denominados Imsi Catcher que, situados en un lugar determinado, pueden registrar todos los datos de teléfonos u ordenadores de sospechosos y de quienes se encuentren en las proximidades.
Los sindicatos de periodistas franceses se han sumado a las protestas de organziciones de derechos humanos como Cuadratura de la Red, 4 horas para 1984, Reporteros Sin Fronteras, Ligue des Droits de l’Homme, Amnesty International, Syndicat de la Magistrature, Syndicat des avocats de France, entre otras, que han puesto en marcha días diversas iniciativas para protestar y alertar a la ciudadanía de este despropósito.
Decenas de parlamentarios recibieron llamadas para que votaran en contra y al ministro Valls le llegó un documentoen contra con 119.000 firmas; además, alguna empresa dedicada al almacenamiento de datos informáticos ha amenazado con irse de Francia.
Ante estas críticas y dudas, François Hollande, en un gesto sin precedentes, enviará la ley al Tribunal Constitucional para su examen.
