Modifican leyes, imponen perfiles afines como en Balears y Valencia y redoblan la presión sobre los medios de Galicia y Madrid.
“Los populares modifican leyes, imponen perfiles afines en territorios como Balears y la Comunitat Valenciana y redoblan la presión sobre sus medios públicos en Galicia y Madrid a las puertas del ciclo electoral, mientras Feijóo, Ayuso y la dirección nacional claman contra TVE”. Así lo asegura la periodista Esther Balleteros en un artículo en el digital elDiario.es .
“A las puertas del nuevo ciclo electoral que comenzará, si no hay sorpresas, el próximo año, los diferentes Gobiernos del Partido Popular en las autonomías tratan de blindar su control de los canales regionales con cambios de leyes, nombramientos a dedo y algunas purgas en las redacciones para garantizarse un tratamiento amable en esos medios públicos. Los últimos episodios se han sucedido en la Comunitat Valenciana y en Balears: los Ejecutivos del PP tratan de seguir los pasos de autonomías como Galicia y Madrid, donde los populares han configurado medios a su medida y desatado la indignación y las protestas de trabajadores, sindicatos y oposición, que claman contra la manipulación y el secuestro de las teles y radios autonómicas.”
Respecto al medio valenciano À Punt, señala: «El Gobierno de Carlos Mazón ha tardado casi dos años en retomar el control de la televisión pública valenciana À Punt. Primero, el Ejecutivo conservador tuvo que desmontar junto a Vox la madeja jurídica que los gobiernos de izquierdas montaron para reabrir el ente público en 2017, blindar a sus profesionales y que los órganos de dirección se eligieran por mayoría cualificada, después de que los populares cerrasen Canal 9 en 2013. Posteriormente, la mayoría de PP y Vox creó una nueva empresa para disolver las dos corporaciones que montó el Botànic y facilitar el cambio legislativo».
“También en Balears, la radiotelevisión pública se ha convertido en un polvorín para el PP. El Govern que preside Marga Prohens dio un giro de 180 grados en la gestión de IB3 hace poco más de un mes. En febrero se había marchado Albert Salas, un experiodista de la casa, y el Parlament nombró a Josep Codony para sustituirlo en la dirección general del ente público. Para el comité de empresa de la cadena se trata de un nombramiento “con tintes ideológicos” que llega en un momento clave. Esta primavera vuelven a producirse protestas para exigir unas mejoras laborales que se reclaman desde hace veinte años.”
Respecto a la Radio y Televisión pública de Galicia afirma: » El PP acumula 16 años continuados de férreo control sobre su tele y radio autonómicas, que han derivado en años de protestas de sus profesionales a través de los llamados Venres Negros, el Gobierno de Alfonso Rueda prepara nuevos cambios al frente de la Corporación de medios públicos».
«En 2015, tras cuatro años sin consenso para sustituir a Alfonso Sánchez Izquierdo, el PP de Feijóo introdujo por la puerta de atrás, en la ley de acompañamiento de los presupuestos, una modificación que permitía perpetuar en el cargo a quien lo ejerciese si no había acuerdo para nombrar un sustituto. Empezó así la etapa más dura de la CRTVG, con los medios públicos convertidos “en órganos de propaganda del PP” según el movimiento Defende a Galega que acaba de cumplir su ‘venres negro’ número 365 (este viernes, con el 366, “celebran” siete años de movilizaciones) respaldado por condenas judiciales a la corporación por represaliar a trabajadores críticos.”
La situación en la Comunidad de Madrid también es tratada en el artículo: «En el caso de Telemadrid, la primera medida de Ayuso tras el adelanto electoral que supuso la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid, hasta entonces su socio de Gobierno, fue una ley para cargarse a la anterior dirección (elegida por consenso) y hacerse con el control del ente público tras dos años de quejas sobre la independencia de la cadena regional, una purga declarada recientemente ilegal por el Tribunal Supremo. Un año después, de nuevo con la connivencia de Vox, la dirigente del PP sacó adelante otra ley para poder nombrar por mayoría simple de la Asamblea al director general, que hasta entonces requería una mayoría reforzada».
